Es muy usual en el escenario escolar que tanto directivos, como profesores, estudiantes y padres de familia, se pregunten por la normativa que ampara o habilita cualquier procedimiento o decisión institucional; la pregunta frecuente es exactamente por el artículo y el parágrafo que avala lo actuado, si quien se encuentra comprometido con la autoría de la decisión logra demostrar que existe fundamento jurídico para ello, el procedimiento es acogido y se agota la discusión.

Deseo, hoy, compartir con ustedes las tres dimensiones que a mi criterio deben regular la dinámica de la escuela y que considero deberían ser los tres mojones que viabilizan los actos educativos: la legalidad, la legitimidad y la ética.

La legalidad en tanto que la escuela debe ser un escenario donde se respete el estado social de derecho y donde todos sus miembros se comprometen a vivir con respeto y sujeción a los lineamientos que determina la Constitución Política de Colombia y, particularmente, para la escuela, la ley General de Educación.

La legitimidad, entendida como la dimensión que demanda actuaciones ajustadas a los principios de la pedagogía como disciplina fundamental de la escuela, en esta dimensión concurren las didácticas, las metodologías, los modelos pedagógicos, las actuaciones idóneas de los maestros, en fin, ese maravilloso mundo de la educación que se recrea en la promoción y el desarrollo humano.

La ética asumida como carácter esencial del ser humano, la escuela tiene por naturaleza que ser un templo de la ética, debe garantizar el respeto y la práctica de los derechos humanos y predicar y procurar el encuentro con la verdad más allá de las circunstancias que rodean su búsqueda.

Por lo mismo, es lamentable que la única preocupación de la escuela, hoy en día, sea la de la legalidad, para mí la menos importante de las tres dimensiones; parece entonces, que para adecuar una actuación en la escuela, basta con que ésta sea legal; poco nos preguntamos por su justificación legítima o ética; los escritorios de los rectores se mantienen atestados de libros, enciclopedias, códigos, manuales y cualquier cantidad de material de consulta de la jurisprudencia educativa; nuestras escuelas se han convertido en un escenario de discusiones, análisis e interpretaciones jurídicas; maestros demandan a sus rectores, padres de familia a los maestros, los rectores se defienden jurídicamente de unos y otros; en fin, hemos convertido actualmente, la escuela en un fértil terreno de pleitos jurídicos y, a su vez, en un árido campo para la pedagogía; así, podríamos afirmar que deberían ser los abogados y juristas quienes tengan las competencias profesionales para desarrollar las tareas que hoy se gestan en la escuela. Sin embargo, estamos convencidos de que no es así, y que ésta es una muestra más de las cosas que no deberían darse en las escuelas de Colombia. La legalidad debe ser un acuerdo indiscutible, ya que la ley solo tiene dos opciones: cumplirse o demandarse; por ello, todos los actores de la escuela tendríamos que, mínimamente, actuar ajustados al derecho normativo de la educación en Colombia; solo hasta cuando este acuerdo esté cumplido, podríamos empezar a transitar las dimensiones de la legalidad y la ética, que son las que realmente responden a la esencia misma de la escuela y la pedagogía; en educación no basta con cumplir estrictamente las leyes y los decretos, en la escuela es necesario garantizar que nuestros actos sean radicalmente legítimos y profundamente éticos; veámoslo de esta manera: no existe norma alguna que le exija al maestro amar a sus estudiantes, de hecho, no amarlos no es motivo de sanción o penalidad alguna; es decir, hasta allí, cumplimos con la legalidad; ahora bien, en el escenario de la legitimidad, amar a nuestros estudiantes es condición determinante para que haya aprendizaje; el acto de educar es fundamentalmente un acto de amor; de ahí, que no basta con cumplir la ley para hacer efectivos los propósitos misionales de la escuela.

Desde esta tribuna invito cordialmente, a todos los actores de la vida escolar, para que honremos el estado social de derecho mediante el cabal cumplimiento de la ley; ojalá, con afán, avancemos en el desarrollo de la dimensión legítima y ética de la escuela, porque son éstas dos las que justifican plenamente su existencia y las que le dan sentido a su tarea misional.