La actualización del catastro desempeña un papel muy importante en las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla y sería un vehículo para llegar a acuerdos sobre el acceso de pequeños propietarios a la tierra.

Es un tema de gran contenido político porque está directamente vinculado al recaudo efectivo de los impuestos a la tierra, y porque por ese mismo motivo ha sido descuidad por los gobiernos locales y el Gobierno central por la influencia que han ejercido a los dos niveles los propietarios rurales y urbanos de la tierra para que no se actualicen los avalúos catastrales.

Esta es una manera de minimizar el pago efectivo del impuesto predial y de subestimar la renta presuntiva para rebajar el pago mínimo del impuesto a la renta.

Los impuestos al patrimonio y a la tierra son progresivos. Los que más tierra y mayor patrimonio poseen son los que más pagan, con lo que se contribuye a mejorar la distribución del ingreso si los impuestos se invierten correctamente.

La renta presuntiva es aún más progresiva. Si los valores declarados del patrimonio y de las tierras reflejan correctamente su valor económico, inducen a los propietarios a hacer producir su capital por lo menos para cubrir los impuestos que se le imputan.

Si estos son muy bajos, no tienen ese efecto, y si son muy altos pueden desestimular la producción e inducir a los capitalistas a irse para otra parte, como sucede en Francia en la actualidad.

Hernán Echavarria, inspirado por Miguel Samper, creía que este tipo de impuestos induciría a los capitalistas a desarrollar empresas industriales y los movería a desprenderse de parte de sus propiedades rurales o de activos especulativos como la tierra urbana.

Esto le daría mayor acceso a la propiedad a los campesinos y a pequeños y medianos productores (con lo que se contribuiría adicionalmente a aumentar la productividad).

La importancia de los impuestos a la tierra no se basa exclusivamente en la capacidad que tienen para incrementar su productividad y mejorar su distribución.

Los pequeños municipios colombianos dependen del recaudo del impuesto predial para cumplir con sus funciones. Si el catastro de los predios rurales y urbanos esté retrasado y las tarifas de ese impuesto permanecen en niveles muy bajos, disminuye la posibilidad de que los gobiernos locales puedan asumir sus responsabilidades con la población.

Entonces, actualizar el catastro se convierte en algo realmente transformador. Induce cambios a favor de la productividad y de la equidad, y genera recursos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El gobierno no debería esperar a la conclusión de la negociación en la Habana para emprender la reforma del catastro, y debería aprovechar las metodologías más modernas, las técnicas de muestreo y la información disponible en medios electrónicos para llevar a cabo una estimación del tamaño del ajuste que se aplicaría en todas las regiones, agrupando los predios en grupos más o menos homogéneos, y decretar un primer ajuste sujeto a ser cambiado por el auto avalúo que realicen los propios contribuyentes.

Dicho autoavalúo debe ser mayor que el avalúo catastral original y podrá ser revisado por las autoridades si está muy lejos de otros auto avalúos de predios similares.

A partir del ajuste, los avalúos deben ajustarse cada año. Como se va a instituir la extinción de dominio de predios mal explotados o adquiridos de buena fe pero de origen ilegal, y posiblemente se facilite la expropiación, en esos casos los propietarios afectados deberían ser compensados por el valor catastral de sus predios exclusivamente.