Augusto Morales


Quiero suspender en el mes de diciembre la serie de artículos que sobre el "juicio oral y por audiencias" he venido publicando en este diario y que continuaré el próximo mes, para dedicarme a abordar otros temas que irremediablemente se aplazan por la ininterrupción que aquella genera, además porque esta época invita a hacerlo.
En ese orden; es cierto que se nota una especie de ‘alivio’ en los procesos judiciales que por años debieron permanecer en los anaqueles de la incertidumbre a la espera de algún trámite, y por supuesto, de una ansiada sentencia sin que le importara que esta fuera o no favorable para los intereses de cada parte procesal; lo trascendente era, como lo es hoy, que se resolviera el asunto litigioso, sensación que se percibe porque existe una real reactivación e impulso en ellos, por supuesto, sin desconocer las dificultades en la investigación de los delitos que mantiene los conocidos altísimos índices de impunidad penal. Y, ¿A qué se debe aquella ‘reanimación’?
De un lado, al compromiso asumido frente a los nuevos procedimientos orales que se han venido implementando en las distintas áreas de la justicia, para dejar al día a la Rama Judicial de los procesos antiguos no cobijados por las nuevas normas; dos, a la decidida voluntad política tanto del Legislativo como del Gobierno Nacional, de nutrir con importantes recursos económicos, canalizados a través de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para desarrollar un ambicioso programa de descongestión con miras a conjurar definitivamente la tradicional mácula de congestión y mora judicial, lo que viene sucediendo especialmente desde hace unos dos años hacia acá, a través de la creación de una multiplicidad de cargos provisionales de magistrados, jueces y empleados, que por lo que muestran las estadísticas, ha venido teniendo resultados altamente positivos en las distintas jurisdicciones.
Claro que no todo es color de rosa para los funcionarios y empleados que en interinidad cumplen las labores de descongestión, pues el programa aludido se cumple ahora por períodos cortos (normalmente de tres meses) prorrogados sucesivamente en la gran mayoría de los casos, con un constante control de las tareas realizadas, cuya renovación o prórroga se genera en las postrimerías de cada lapso, generando gran dilema en aquellos servidores y sus familias, ante la inminencia de su desvinculación, y desde luego las naturales expectativas en la comunidad judicial y en la sociedad en general.
El lapso o ciclo de descongestión estaba previsto para que culminara el próximo 19 de diciembre, día en que comienza justamente el período de vacaciones para la gran mayoría de servidores de la justicia; sin embargo, inusualmente en forma anticipada la Sala Administrativa Superior del H. Consejo de la Judicatura decidió prorrogarlo hasta el último día de este año, es decir, por 12 días más, lo que podría interpretarse como la parte proporcional a las vacaciones a la cual tendrían derecho aquellos interinos, o quizá obedezca también a meras razones presupuestales.
Pero más allá de la continuidad de ese esquema de descongestión, el que creo debe seguir, se requiere que los despachos que atienden o que prontamente atenderán la oralidad (civil) sean reforzados con nuevas plazas, para que no empiecen a verse paulatinamente atiborrados por el exceso de demanda de justicia, como ya empieza a observarse.
Por ejemplo, para aludir solo al Departamento de Caldas, los únicos cuatro (4) jueces administrativos permanentes disponibles (frente a 8 del sistema escritural o de descongestión) que deben atender los nuevos procesos, están obligados a programar la primera audiencia (audiencia inicial) dentro del mes siguiente al surtimiento de las notificaciones a los vinculados al proceso, lo que apenas están pudiendo hacer al cabo de tres o más meses debido al cúmulo de causas de diversa índole que empiezan a colmar los estantes judiciales, lo que amenaza ya con congestionar nuevamente la jurisdicción, y que prontamente puede verse reflejado en los tribunales.
Lo ideal es entonces que en la medida en que se vayan descongestionando los despachos judiciales sometidos al programa de descongestión, de la misma manera y según las necesidades de los despachos de la oralidad, se vayan trasladando los cargos al nuevo sistema y así poder erradicar definitivamente la tristemente célebre mora judicial, y de paso, evitarle una nueva frustración a la colectividad nacional.
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