La economía colombiana (que se parece a la de muchos otros países) es como un barril sin fondo. Y aguanta más que un caragualo al humo, una macana en un zarzo o una guadua parada. De otra manera no se explica que el país haya sobrevivido a la ineficacia en la ejecución de obras de infraestructura de tiempos pasados; y a la corrupción galopante de las últimas cinco décadas. Después de hacer por muchos años obras públicas sin planeación, sin estudios y sin presupuesto, muchas de las cuales se quedaron "en veremos" y tomaron el pomposo nombre de "sinfonías inconclusas", en las que se botó plata nunca cuantificada, se institucionalizó la planeación en todas las dependencias administrativas del gobierno, al menos para tomar conciencia del problema. Pero se siguió contratando sin responsabilidad presupuestal, por lo que las obras tardaban indefinidamente en concluirse y los costos se incrementaban, además de que muchos de quienes las ejecutaban se quebraron, porque no se les pagaban los trabajos a tiempo; y los contratistas eficientes, honrados y solventes dejaron de contratar con el Estado, para que no les pasara lo mismo. Detectado este problema, otra ley dispuso que para contratar tenía que haber "reserva y disponibilidad", es decir que las obras debían de estar incluidas en los presupuestos y la plata dispuesta en los flujos de caja. Así se garantizaba que los trabajos que se iniciaran se terminaran y que a los contratistas se les pagara oportunamente.

Pero como es una constante en la administración pública que "hecha la ley hecha la trampa" y el ejercicio político comenzó a requerir de "inversiones" cada vez más cuantiosas, entraron al juego de la contratación pública los "financistas", sin importar la procedencia del dinero, quienes patrocinaban a los aspirantes a cargos de elección, para que pudieran pagar los costos de las campañas. Y los políticos, una vez elegidos, hacen alianzas con contratistas en el círculo de sus influencias, para ayudarles a adquirir trabajos de los que sacan tajada, para solventarse y pagarles a los patrocinadores sus préstamos usureros. Claro, con cargo a los costos de las obras o a su calidad, porque hay un principio en contratación según el cual "del cuero salen las correas". Y otro que reza: "Mano lava mano", que se refiere a la solidaridad entre políticos y contratistas.

Como la memoria es frágil y la voluntad débil, las previsiones de las leyes se olvidaron; y por la prisa de adelantar obras se omitieron estudios, no se adquirieron previamente los predios necesarios y tampoco se solicitaron las autorizaciones ambientales antes de comenzar los trabajos, lo que ha generado cualquier cantidad de líos jurídicos, que dilatan los trabajos indefinidamente y elevan los costos en forma alarmante. Además, a los contratistas se les dan anticipos exagerados, para pagar las coimas, tapar rotos en los balances, adelantar obras contratadas con anticipación, e incumplidas; llevar las familias a pasear y cambiar de carro y de moza, mientras se dilata la ejecución de las obras y se piden ajustes presupuestales y nuevos plazos. Los ejemplos pueden encontrarse en cualquier parte, comenzando por Bogotá.