Gravita en el ambiente la inquietud, por demás lógica, de cuáles pueden ser los intereses que se mueven y la verdad de la lucha por el poder en un encargo de menos de dos meses en la Gobernación de Caldas. Versiones van y vienen y posiciones de todos los bandos se esgrimen para indicar sus particulares justificaciones, pero muy pocos se preocupan por ahondar en las evidencias y en documentar las razones para presentar un panorama real de la situación.

Existen unos hechos puntuales que explican el porqué de la manifiesta deslealtad de Guido Echeverri con los grupos políticos que lo avalaron para su elección y con el elector en general: uno, la connivencia o el silencio de sus enemigos primarios (quienes terminaron siendo sus aliados) en transacciones ocultas, sigilosas, misteriosas, perversas y, en el mejor de los casos, oscuras; y dos, la necesidad de permanecer en el poder mediante interpuesta persona durante el encargo en la Gobernación, para seguir teniendo acceso a los recursos y la burocracia que les permitiera salir airosos en la contienda electoral que se avecina.

Lo primero, se puede demostrar en las negociaciones arcanas que se hicieron alrededor de los temas hidroeléctricos manejados en absoluto secreto entre el gobernador Echeverri y Marcelo Mejía, gerente de Inficaldas, y sobre los cuales pesan una cantidad de inquietudes, y una ominosa sombra, pues ni siquiera se dignaban enterar a la Junta Directiva del Instituto sobre los procesos que se adelantaban; lo segundo, se puede concluir de la premura mostrada por algunos diputados para aprobar y sancionar la ordenanza 714 de julio 26 de 2013, mediante la cual se hacen unas modificaciones al presupuesto por 50 mil millones de pesos, y que representaba la posibilidad manifiesta de adicionar de forma apresurada contratos del Plan Vial por valor de 24 mil millones sin acudir a licitación pública.

En buena hora el gobernador Juan Martín Hoyos logró detener todos los procesos y generar la calma necesaria para que sea el triunfador en las elecciones quien tome las decisiones en frío y se pueda rodear de los elementos técnicos, económicos, ambientales y sociales en contrataciones de hondísimo calado como las expuestas.

Otra de esas sombras que inquieta sobremanera a quien se digne analizar más allá de los titulares de prensa, tiene que ver con los contratos de asesorías jurídicas realizados en Inficaldas durante lo corrido del año 2013. Hay que partir de que en esa entidad se tienen unos abogados de planta que deberían estar capacitados para prestar su apoyo profesional en el desarrollo de las actividades y del objeto social de Inficaldas, y que no se justifica entonces la contratación de firmas externas para los temas propios de su actividad.

Pero aquí sucede lo contrario. Vamos a la descripción de algunos contratos adjudicados en forma directa: el contrato AC 38-2013 con Juan Martín Zuluaga Tobón ejecutado entre el 6 de febrero y el 5 de mayo de 2013, por valor de $90.549.600 más gastos reembolsables por valor de $2.000.000; el contrato AC 123-2013 con We Source S.A.S. (representado por Juan Martín Zuluaga Tobón) para ejecutar entre el 6 de junio y el 31 de diciembre de 2013, por valor de $168.287.000 más gastos reembolsables por valor de $2.000.000 mensuales. Ambos contratos tienen por objeto el apoyo, asesoría técnica y acompañamiento del proyecto Miel II. Esto equivale a un valor mensual cercano a los 28 millones de pesos.

El contrato AC 88-2013 con Heritage & Family Businesses Consultant Group S.A. para ejecutar entre el 6 de mayo y el 20 de noviembre de 2013, por valor de $104.400.000 más gastos reembolsables por valor de $1.000.000 mensuales, cuyo objeto es el acompañamiento en la vinculación del socio estratégico que ejecute el proyecto Miel II. Esto equivale a $18.400.000 mensuales.

El contrato AC 87-2013 con Veritas Consultorías Legales (Diva del Pilar Zamora Acevedo) para ejecutar entre el 7 de mayo y el 31 de diciembre, por valor de $430.000.000 más gatos reembolsables por valor de $1.100.000 mensuales, cuyo objeto es la estructuración y asesoría legal integral para proyectos hidroeléctricos y selección de Miel II. Y el contrato PV 23-2013 con esta misma firma para ejecutar en el mismo período, por valor de $208.800.000 más gastos reembolsables por valor de $1.100.000 mensuales, cuyo objeto es el acompañamiento y asesoría legal integral para el plan vial y de infraestructura. Estos dos contratos equivalen a $92.357.000 mensuales con la misma persona.

¿Es esto lógico, justo, modesto o racional? ¿Contratar con abogados externos por un valor superior a 138 millones de pesos mensuales, amparados en el secreto de Miel II (la mayoría para el segundo semestre cuando, según el gerente, en abril de este año se tenía el cierre financiero) y en el Plan Vial que dejó estructurado, diseñado y en ejecución el gobernador Mario Aristizábal, cabe en alguna mente sensata? ¿Manipular proyectos de la magnitud de los Hidroeléctricos, puede pasar desapercibido? ¿Pretender adicionar contratos de obra por valor de 24 mil millones de pesos en plena campaña electoral, es aceptable de alguna manera? ¡No! Pero esto no inquieta ni es motivo de preocupación para los entes de control ni para la CCC (si necesitan, les envío copia de los contratos). ¿Por qué? Seguramente porque son cometidos por los políticos "buenos" que se han convertido en intocables y que hoy posan, al lado de Guido Echeverri, como adalides de la moral, la ética, la transparencia y las buenas costumbres. Y hemos descubierto mucho más, pero el espacio no nos alcanza. Lo único que es claro es que nos siguen creyendo idiotas tratando de vender a un Guido transparente y límpido cuando la estela de contrataciones y procedimientos amañados es cada vez más grande y más pestilente.