Acaba de ser condenado a 25 años de prisión el señor general Rito Alejo del Río. Atendida su edad, se trata de cadena perpetua la que habrá de purgar por el asesinato de un campesino al que nunca vio en su vida, del que nunca supo nada, de cuya existencia se enteró cuando se convirtió en la tragedia de la propia suya.

El juez de la causa reconoce en su sentencia lo que acabamos de decir: que el General no conoció al hombre asesinado, no estuvo en la escena del crimen, ni en sus cercanías, y que a nadie impartió órdenes para matarlo o para causarle agravio de ninguna naturaleza.

Dirá el lector desprevenido que estamos exagerando o desfigurando la verdad y el abogado serio que no es posible que alguien sea declarado homicida si no ha causado materialmente la muerte o si no ha sido determinador de la misma. Pero sí, es posible. Estas cosas pasan en Colombia, cuando la justicia dejó de serlo y se convirtió en instrumento de la política.

Enseñábamos en la universidad que un proceso penal cualquiera debe tener una materia a la cual se aplica, un asunto sobre el que el juez debe manifestarse. Sobre esa materia o asunto, es sobre lo único que el juez debe ocuparse en su sentencia, porque ha sido lo único que resultó materia de controversia. Dicho en latín, para que resulte más impresionante, el proceso y la sentencia que la cierra han de tener un "Thema Probandum". Si el juez se sale de esos límites, prevarica.

Pues el "Thema" de la causa seguida contra el benemérito General, era la muerte de ese pobre hombre, tan vilmente asesinado por unos paramilitares. Establecido que Del Río no lo mató, o insinuó a nadie que lo matara, debió ser absuelto, sin más rodeos. Pero aquí es donde enmudece el derecho y se apodera de la escena la política.

Si usted lee la prensa, querido lector mío, verá que Del Río no fue condenado por lo que se le acusa, sino por haber sido el jefe de una guerra feroz emprendida en el Urabá por el Ejército contra los indefensos pobladores de la zona, en asocio con los repugnantes malhechores que comúnmente llaman "paramilitares". Por donde resulta que la condena contra Del Río es puramente circunstancial, diríamos accidental, porque en verdad va cargada contra el Estado y la mejor de sus instituciones, el Ejército Nacional.

El juez, apuntalado en la opinión muy autorizada de doña Gloria Cuartas, contra la cual han declarado varios desmovilizados de las Farc, que después tienen la mala costumbre de morirse, de un despreciable traidor del Ejército mismo y del infaltable cura Giraldo, ha declarado que todo lo malo que pasó en Urabá es culpa del Ejército. Las Farc nunca hicieron algo malo en la región. Ni asesinaron, ni secuestraron, ni cometieron masacres. Pobrecitas. Les tocó vivir una época tan dura, solo porque andaban de descanso en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. ¡Y los horrores que vieron! Todo corrió por cuenta de los paramilitares, los mismos que casualmente andan extraditados en los Estados Unidos por orden de quien hoy es el blanco de sus acusaciones, asociados con los oficiales y soldados para ganarle una guerra a nadie. Claro. Si no hubo Farc, ¿contra quién combatió el Ejército?

Ahí está el núcleo de la cuestión. El juez no tiene prueba ninguna de que el general Del Río asesinara aquel infeliz. Pero encuentra la prueba de lo que no es materia del proceso, de una guerra que se inventó el Ejército para apoyar paramilitares contra nadie y matar inocentes a falta de otro plan más entretenido. De esa manera, por supuesto, no solo condena sino que absuelve. Las Farc salen purificadas de esa sentencia, doña Gloria Cuartas es como otra Madre Teresa de Calcuta, el padre Javier Giraldo el santo que los jesuitas andaban buscando para llevar a los altares y la guerra en Urabá no existió. Fue un invento del hoy expresidente Álvaro Uribe, para ordenar la muerte de campesinos y jugar fútbol con sus cabezas. Utilizando, claro, hombres tan perversos como el general Del Río. ¿Ahora sí entendió, querido lector?