Cuando se debate sobre la inclusión del fuero militar en la reforma a la justicia, que pretende dotar a quienes diariamente exponen su vida para defender la nuestra, de los elementos jurídicos que les garantice una estabilidad personal mientras se actúe dentro de los parámetros legales, nos aterramos de ver el origen de quienes se oponen a esta figura y el poder que tienen para derrotarla.

Un país que vive en un conflicto cuyos enemigos se sustentan en el narcotráfico, el secuestro, el terrorismo y la violación de todos nuestros derechos, no puede castigar a sus fuerzas militares por el solo hecho de estar cumpliendo con su deber. Salen al campo a enfrentar a los criminales que utilizan armas atroces; a defendernos de esas alimañas que acuden a los métodos más crueles para mutilar, asesinar y desaparecer a ciudadanos inocentes; a proteger a municipios enteros de quienes entran dinamitando y bombardeando indiscriminadamente; a cumplir un deber constitucional y a proteger nuestra vida, honra y bienes; y cuando regresan a sus familias cansados, heridos y orgullosos de haber cumplido con su deber, se tienen que enfrentar a otra guerra, esta vez jurídica, para terminar muchas veces en la cárcel y arruinados debido a largos y costosos procesos y litigios. ¿Es esto justo?

Se entiende que a las guerrillas no les convenga que se instituya el fuero militar, pues la desprotección jurídica es un elemento desmotivante para nuestras fuerzas armadas y un arma que se ufanan de blandir quienes utilizan el terrorismo jurídico como uno de los argumentos más efectivos en las batallas urbanas. Pero que tengan el poder de penetrar los altos círculos legislativos y judiciales para dilatar o arrasar con los propósitos de su regulación, no solo es inquietante sino ominoso y aterrador.

Y aún más si tenemos en cuenta que, de hecho, existen unos fueros que, si bien no tienen regulación legal, son utilizados descaradamente por aquellos que precisamente están llamados a dar ejemplo. ¿O no se podría considerar un fuero, el utilizado por algunos magistrados de las altas cortes para excepcionar, violar las leyes, conspirar, interferir en política, montar el carrusel de las pensiones, etc., y quedar impunes por la presunción de su buena fe como argumento irrebatible? ¿O el de algunos congresistas de izquierda que se amparan en la ceguera o la parcialidad (¿o complicidad?) de sus jueces, cuando se les demuestra sus vínculos con los grupos criminales guerrilleros? ¿O el de muchos ladrones de cuello blanco que son condenados a penas irrisorias, para salir a disfrutar de grandes fortunas después de dos o tres años de ‘encierro’ en cárceles de cinco estrellas?

El país no puede seguir incurriendo en errores tan aberrantes como el de proferir fallos judiciales en contra de los militares que actuaron para repeler la toma del Palacio de Justicia, mientras los autores de la barbarie ostentan puestos oficiales de alto rango y disfrutan de una amnistía concedida por el mismo Estado que hoy condena a sus defensores. ¿Qué tropa militar podrá actuar con tranquilidad, efectividad y contundencia si sus miembros están sicológicamente reprimidos por una persecución jurídica que pesa sobre sus cabezas? ¿Cómo podremos exigir resultados efectivos, si jurídicamente están más protegidos los criminales guerrilleros que quienes cumplen el deber de combatirlos?
Es claro que en instituciones conformadas por seres humanos (Iglesia, Ejército, Policía) las faltas de sus miembros se tiendan a generalizar y a abarcar al grueso de las mismas; pero el hecho de que existan soldados o policías que delincan, no puede ser un motivo para cejar en la implementación del fuero militar, pues estaríamos cediéndole un terreno jurídico muy importante a nuestros enemigos y perdiendo una batalla de relevancia definitiva en esta lucha absurda.
Nuestra Fuerza Pública, hoy más que nunca, necesita sentirse rodeada del pueblo colombiano; necesita del apoyo de los ciudadanos, de la credibilidad de sus gentes, de la colaboración de sus habitantes. Y necesita estar dotada de la seguridad jurídica para blindarse de fallos perversos que se profieren con ánimos mediáticos y desmoralizantes, y que van minando el ímpetu y las acciones para repeler a los criminales que nos atacan.

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En su columna de ayer en el diario El Tiempo, resume José Obdulio Gaviria los desmanes de las altas cortes colombianas, y sus desafueros, de una forma simple y sencilla, concluyendo con la urgencia de convocar una Constituyente de inmediato para acabar con tantos desmanes, corruptela y ostentación de poder. Tiene toda la razón en argumentar que la Constituyente que dio origen a la nueva Constitución de 1991 surgió por la necesidad de acabar con los vicios que tenía el Congreso Nacional. Pues las altas cortes se contagiaron peligrosamente de estos vicios y hoy algunos de sus magistrados se pavonean orondos por nuestro pobre país, haciendo de las suyas sin que nadie se atreva siquiera a cuestionarlos. Tal vez sea esta una situación más peligrosa que la vivida antes de la nueva Carta Magna, pues el ordenamiento jurídico de Colombia no puede continuar en manos de personajes tan irresponsables. ¡Qué peligro!