A raíz de mis columnas relacionadas con la Corporación Cívica de Caldas en las cuales les reclamo por su silencio ante los procederes de Emilio Echeverri Mejía cuando fungió como gobernador de Caldas, he recibido muchos correos solicitando que me haga parte en procesos civiles, penales o administrativos ya que no existe órgano ni persona que quiera emprender alguna acción. Se me pide que aclare qué es lo que pasa y se me solicita que informe sobre este asunto. Hoy, atendiendo a esos lectores, accedo a resumir apartes de las denuncias que cursan ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, en contra de Emilio Echeverri Mejía, interpuestas por un abogado particular totalmente ajeno a la CCC, entidad que omitió tan delicado asunto en una complicidad que viola sus propios estatutos.

El 29 de diciembre de 2007 (faltando tres días para acabar el mandato de Emilio Echeverri Mejía en la Gobernación de Caldas), sin mediar licitación o concurso, se suscribió el convenio de asociación 007-1658 entre el Departamento de Caldas y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, por valor de $3.662.862.989. El convenio, cuyo objeto era la remodelación y construcción de algunas plantas físicas de instituciones educativas en el departamento, tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008 y en el Estudio Previo de Conveniencia se estableció que el departamento entregaría los recursos al Comité así: 50% con la legalización del convenio, 40% en el mes de junio de 2008 y un 10% en el mes de octubre de 2008. Con esto, se comprometían recursos de vigencias futuras sin la autorización legal y sin los trámites y requisitos debidos.

Pero, curiosamente, cuando se suscribe el convenio mencionado se hace caso omiso de la anterior decisión y se establece que la Gobernación debe cancelarle a la Federación el 100% del valor del mismo al momento de su legalización. Es decir, ya no solo se transgredía la ley, sino que se tenía un máximo de benevolencia para con la Federación Nacional de Cafeteros (de la que fue gerente administrativo hasta julio de 2002 el propio Emilio Echeverri) y se le anticipaban todos los recursos, mientras los demás contratistas del Estado podían aspirar a un pago mínimo como anticipo, y en algunos casos les tocaba financiar la totalidad de las obras para después entrar en un dispendioso proceso de recuperación de sus dineros en las entidades respectivas. ¡Qué horror!

Y ante estas violaciones de lo previamente estipulado y de los preceptos legales de contratación, nos preguntamos: ¿qué pasó con la interventoría? Y la respuesta es muy sencilla: que dentro del convenio se estableció que la Secretaría de Educación designaría el interventor para hacerle seguimiento a la ejecución de las obras, y esto no se dio. Además, dentro de las funciones del interventor estaba la de certificar respecto del cumplimiento del Comité en la ejecución del proyecto, como requisito previo para cada uno de los pagos que debía realizar el Departamento. Pero al determinarse que el pago se hiciera en un 100% en la fecha de legalización del convenio, esta interventoría perdió poder absoluto y el riesgo en que entró el Departamento fue total.

¿Entonces qué mecanismo existió para ejercer algún control? Pues para ello se estipuló en el convenio la conformación de un Comité Técnico Coordinador que supervisaría y evaluaría la ejecución del objeto del convenio, pero de éste tampoco hay evidencias en actas ni se conoce informe o decisión alguna. Igualmente, repito, no se han encontrado documentos donde se evidencie el nombramiento del interventor asignado por la Secretaría de Educación Departamental, aunque en las actas de pago figura ejerciendo esta labor un funcionario de la Secretaría de Infraestructura sin que reposen informes de ejecución del convenio. Y, como era de esperarse, tampoco se encontró certificación del supuesto interventor para dar viabilidad al pago del convenio, por lo que todo lo que aquí se planeó, se exigió y se determinó con base en los estudios de conveniencia se violó flagrantemente como si se tratara de un juego de niños y no existieran leyes que rigieran los procedimientos contractuales.

Cabe advertir que tampoco se estableció la constitución de la garantía del anticipo que, como su nombre lo indica, garantiza la correcta inversión de la suma entregada (que en este caso era del 100% del valor del convenio), violando nuevamente el régimen de contratación estatal.

Y ante todas estas anomalías, ¿qué han dicho los órganos de control? ¡Nada! Porque, aunque duela decirlo, estos órganos parecen seguir solamente los lineamientos que dicte la Corporación Cívica de Caldas que peligrosamente se ha constituido en el tribunal de inquisición para sus enemigos y en comité de absoluciones para sus aportantes y amigos. En este espacio hemos denunciado estos hechos en varias oportunidades reclamando acciones concretas de la CCC, pero todo ha sido infructuoso. De ahí que mi posición con respecto a las acciones de este nuevo directorio político estén llenas de escepticismo, pues al evidenciar tanto sesgo, tanta parcialidad y tanta omisión en algunos casos, y a la vez tanta persecución, tanta sevicia y tanta maldad en otros, la seriedad, el prestigio y la credibilidad de esta corporación se perdieron. Y, por el contrario, se volvió peligrosa para la estabilidad institucional, pues entidad o persona que no cuente con su beneplácito o no se arrodille a sus pretensiones, está condenada a sufrir el desmembramiento moral que maquiavélicamente ejerce hoy este organismo dentro de la sociedad. Porque ¿qué hubiera pasado si estas actuaciones fueran de alguien distinto a uno de sus fundadores o aportantes? ¿Para la CCC la calidad de las actuaciones delictuosas depende de quien las cometa? ¿Es este el organismo que se siente con autoridad moral para perseguir, fustigar, condenar y derrumbar a quienes tienen iniciativa, quieren trabajar e invertir en la región? ¡Ya es hora de quitarles la máscara!