El informe sobre el acuerdo rural de La Habana deja inmensas inquietudes por las propuestas que revela y las amenazas que oculta. La ratificación de instrumentos como la extinción de dominio y la expropiación discrecional y sumaria de tierras, no ya como una propuesta de política pública sino como un compromiso con las Farc, genera dudas sobre el pulso final entre Gobierno y guerrilla, de cara al derecho a la propiedad privada legítimamente adquirida. Un precepto constitucional, que el gobierno se ha comprometido a respetar, pero sobre el cual no advierte una palabra el documento. Y, por supuesto, está de por medio la solución a los baldíos, que deja al gobierno en posición incómoda ante los "nuevos concentradores de tierra", unos ilegales y otros legales.

Sorprende el ánimo expropiatorio sobre la propiedad legal. No fue la información que recibimos los ganaderos en la Junta de Fedegán, a la que asistieron los negociadores del gobierno. El Fondo de Tierras, como instrumento central del acuerdo, busca "...desconcentrar y promover una distribución equitativa de la tierra". Es decir, quitarla a quienes tienen "mucha" -así sea legal y con base en algún parámetro arbitrario- para entregarla a quienes no tienen. Para ello, además de la extinción judicial del dominio y la recuperación de baldíos, "…se fortalecerá (…) la aplicación de otros procesos contemplados en la legislación como la extinción administrativa de dominio para tierras inexplotadas que incumplan la función social y ecológica de la propiedad, de la adquisición de tierras o la expropiación con indemnización por motivos de interés social o de utilidad pública…".

Ahí están las encrucijadas. La primera tiene que ver con el nivel de concentración de la tierra que se requiere, para generar escalas competitivas para la producción agroalimentaria y de biocombustibles; frente a los niveles de desconcentración para fomentar la producción campesina y el modo de vida rural, todo ello en un entorno de globalización. La segunda se relaciona con la solución al "tierrero" de los baldíos, que surgió gracias a la combinación de normatividad confusa, mensajes de promoción a la inversión que no calzaban con la legislación y la proclividad de hacerle el "esquince a Ley", en un ambiente de fragilidad institucional que reproduce la corrupción.

La solución no debería representar una encrucijada, si no mediaran 2 factores. Los graves efectos socio-económicos de nulidad sobre los actos de adjudicación de baldíos de la Nación. Entre ellos, la pérdida de inversiones, demandas, desbandada del capital privado y hasta consecuencias políticas, por los vasos comunicantes entre los grupos económicos y la política. Y, de otro, las negociaciones en La Habana, en las cuales el Gobierno se allanó a la posición ideológica de las Farc, según la cual la utopía comunista -de igualdad, erradicación del narcotráfico y terminación del conflicto-, se logra con la redistribución de la tierra.

La encrucijada del gobierno es de marca mayor. Si se deslinda de sus compromisos con las Farc y favorece a los nuevos concentradores, afrontará un juicio ético, legal y político, perdiendo argumentos para introducir los instrumentos expropiatorios del Primer Informe Conjunto. Una "solución" inaceptable para los ganaderos o cualquier propietario legal en la ruralidad. Pues mientras los grandes empresarios lograrían sortean sus argucias y blindar sus propiedades, los demás tendríamos que enfrentar la expropiación y la extinción de dominio en procesos sumarios y discrecionales.

Si, por el contrario, continúan las negociaciones, comulgando con la idea de la guerrilla de centrar el desarrollo rural en la redistribución de la tierra y el fomento a la economía campesina, tendrá que desmarcarse de favorecer a los nuevos concentradores y aplicar la Ley. Aunque también tendrá que seguir avalando políticas que van de lance en ristre contra la propiedad tradicional y la opción de aprovechar los vientos globales. Necesitamos claridad. La promesa del presidente según la cual "en nuestro modelo para el agro caben empresarios y campesinos", no la vemos. No es claro el balance entre una adecuada concentración para proyectos empresariales competitivos y la redistribución para fomentar una economía campesina viable.