El gobierno se estaba ufanando prematuramente de haberle dado un buen mordisco a los recursos provenientes de las regalías que recibían las administraciones municipales a las que el esquema concebido por la Constitución de 1991 les concedía la parte del león de estos gravámenes y de haber podido “esparcir mejor la mermelada” (las regalías) en todo el territorio nacional. Esta repartición ha tenido el efecto de haber dejado a todo el mundo descontento: Los municipios que perdieron los recursos, porque ya no los tienen, y los que se beneficiaron con la distribución más equitativa, porque no recibieron suficientes fondos.

Los municipios que perdieron recursos han reacomodado sus presupuestos para preservar la posibilidad de conceder jugosos contratos a amigos políticos para continuar el despilfarro en obras suntuarias, innecesarias o inconclusas, y han dejado desfinanciadas obligaciones básicas como el transporte escolar, el pago de maestros o la dotación de instituciones educativas o de salud pública. Pretenden con esto colgarse del presupuesto nacional o presionar a las empresas que pagan las regalías para recuperar los recursos que les quitó la reforma al régimen de regalías. Y los municipios beneficiarios de estas transferencias se quejan de que les ha tocado muy poco, lo que es cierto porque a la postre había mucho pan y poca mermelada para repartir.
 

Unos y otros les han llevado estas quejas a sus congresistas y ellos aducen haber sido engañados por el ministro de Hacienda en el alcance de la reforma. En el fondo lo que se ha montado es una obra teatral para crearle al gobierno central nuevas obligaciones y anular los efectos fiscales de la reforma. El propósito es que les de más recursos a los municipios que no recibían regalías y les devuelva parte de las regalías que les quitó a los que las recibían en exceso. Si el Ministro de Hacienda no se avispa puede salir trasquilado, después de haber ido por lana, con serias consecuencias fiscales y macroeconómicas, pues peligran los magros logros de la reforma al régimen de regalías que ya son de por sí muy inferiores a los originalmente previstos y anunciados.

Esta obra teatral ya la habíamos visto en su versión original después de que la Constitución de 1991 les asignó a los gobiernos locales una porción muy grande de los recursos que recauda el gobierno central y posteriormente una ley les trasfirió la responsabilidad de pagar con estos recursos los servicios orientados a satisfacer las necesidades básicos de las localidades. En ese momento inicial existió la posibilidad de que los gobierno locales se emanciparan y se hicieran dueños de sus propios destinos, lo que ocurrió parcialmente en el caso de Bogotá, Medellín y algunos otros pocos municipios que demostraron lo que puede hacer una administración local responsable e imaginativa con la fortaleza fiscal que les creó a los municipios la nueva Constitución.

En su mayor parte, esta visión no se llevó a cabo. El gobierno central y las maquinarias clientelistas que operaban en el régimen centralizado anterior a esta Constitución se dieron cuenta de que el poder político se había descentralizado cuando se descentralizaron los recursos fiscales. Para recuperar su “gobernabilidad”, les montaron a los gobiernos locales un presupuesto adicional para transferirles más recursos orientados a cumplir con las mismas responsabilidades que les había impuesto la descentralización. Se infló desmedidamente el gasto del gobierno central, y no se incentivó a los municipios a generar sus propios recursos ni a desarrollar buenas administraciones locales. Se cambió todo para que nada cambiara, como puede volver a suceder ahora.