Cuando tratamos de abordar el tema de la Industria Licorera de Caldas, sabemos que entramos a pisar cayos dolorosos y a penetrar en situaciones que muchas veces se ven ensombrecidas por el dolo y, paradójicamente, por la complicidad de los organismos que se dicen cívicos y que se mantienen al acecho de cuanto contrato se firma en Manizales y Caldas -y que recaiga en manos diferentes a las de sus protegidos- para satanizarlo, judicializarlo, entorpecerlo y acabar con las personas que han salido favorecidas.

Y eso es precisamente lo que molesta y mortifica, pues los ciudadanos caldenses hemos sido testigos, por ejemplo, de las persecuciones montadas por la CCC en contra de ejecutores de grandes proyectos -Aerocafé, chance, licores, etc.-, y que han resultado bloqueando nuestro desarrollo para terminar en procesos precluidos, fallados a favor del contratista o archivados por falta de pruebas.

Pero en otros casos el silencio es asombroso, y esa labor mediática que tanto ejercen para denigrarnos, se adormece y pasan de agache actos aberrantes que se cometen ante sus propios ojos. Es el caso del contrato 131-2011 entre la ILC y Dispres S.A., firmado el 29 de noviembre de 2011 y que se adjudicó en virtud de la licitación 043-2011 de 29 de septiembre, convocada supuestamente para la "Compra de crema de ron Cheers de la Industria Licorera de Caldas en el departamento de Antioquia", y cuyo objeto se altera dentro del texto de la misma licitación, adicionándole un parágrafo que dice: "El comercializador que resulte seleccionado a través del presente proceso, tendrá a su cargo igualmente la distribución de los demás productos del portafolio de la empresa, en caso de que se presenten cambios en las normas que regulan el monopolio de licores a nivel nacional…".

Es decir, se convoca en la licitación para un objeto específico, poco atractivo y de mínimo interés, pero dentro de los pliegos introducen un "orangután" por cuya causa termina haciéndose acreedor quien se gane la licitación, a la distribución de "Todos" los licores de la ILC, en un mercado tan grande y productivo como el de Antioquia. ¿Qué buscaba la gerente, María del Pilar Joves, con esta farsa? ¿Por causas menores no han acabado con la vida de comerciantes, políticos y contratistas en Caldas? ¿La destitución de Mario Aristizábal no fue por un motivo nimio, comparado con estas actuaciones veladas, perniciosas y ocultas?

Quisiera saber cuál es la posición de la Corporación Cívica de Caldas al respecto. Y para sus fundamentos, además del hecho puntual, los insto a que revisen las actas 19 y 26 de 2010 y 2, 7 y 8 de 2011 de la Junta Directiva de la ILC, donde se proponen, debaten y aprueban los parámetros específicos para la contratación de los distribuidores de los licores que hacen parte del monopolio rentístico, parámetros que se obviaron, violaron y desatendieron en el caso que nos ocupa y cuyo trasfondo está quedando plasmado en la intención del contratista de ceder el contrato a un tercero, algo que muy seguramente estaba previsto desde un principio.

Pero ahí no queda todo. El diputado Jorge Luis Ramírez, presidente de la Asamblea de Caldas, denunció en mayo 24 de 2012 que la ILC firmó un contrato con un distribuidor en el Huila en el año 2007, por cuatro años, con el compromiso de vender 1.300.000 botellas de licor y faltando cuatro meses para terminar el contrato firmaron un otro sí, en el que reducían la meta a 500.000 botellas por cinco años. Con esto legitiman el cumplimiento del contrato y favorecen exclusivamente al distribuidor en detrimento de la empresa. ¡No hay derecho!

Y todo esto sucede en la honorable gerencia de la Dra. Joves, ante el sospechoso silencio de la CCC. Aunque esto no es extraño. Ya esta Corporación se había enmudecido cuando la misma doctora Joves, en calidad de Secretaria de Cultura, en agosto de 2007 -estando regida por la Ley de Garantías-, firmó un contrato por 110 millones de pesos con el Fondo Mixto de Caldas para "la Formación artística y cultural en los 27 municipios de Cadas." O cuando el sucesor de Joves en la gerencia de la ILC, Carlos Neira, despacha 10.271 botellas de licor de degustación, aprovechando su fugaz paso por ese cargo administrativo.

Repito: ¿Qué tendrá para decir la Corporación Cívica de Caldas, que es tan acuciosa en casos de menor relevancia? Seguramente callará, tal y como lo hizo con las denuncias hechas en este mismo espacio cuando el gobernador Emilio Echeverri suscribió un convenio con la Federación de Cafeteros de Colombia, el 29 de diciembre de 2007 (finalizando su mandato), por valor de $3.662.862.989, donde el generoso aporte de la Federación fue de 50 millones de pesos y los restantes $3.612 se los direccionó el Gobernador sin el cumplimiento de los requisitos legales que para contratos de esta naturaleza se exigen.

Es una lástima. La irresponsabilidad que se cometió al otorgar la distribución de los productos de la ILC en Antioquia en forma amañada, sesgada y por fuera de los parámetros establecidos, puede llegar a acarrear una pérdida incalculable (sin hablar de otros temas de carácter legal) para el departamento de Caldas, pues en el proceso licitatorio se produjeron adendas conducentes a ablandar los requisitos exigidos al proveedor, hecho que puede representar la incapacidad para afrontar un mercado para el cual es imperativo tener calidades, músculos y condiciones demasiado fuertes. Quedo pues a la espera de un pronunciamiento de la CCC, si es que tiene la voluntad de aplicar su rigurosidad con todos los ciudadanos, así sean sus propios aportantes. Aunque dudo de que se pronuncie, pues su mejor arma, cuando no puede defenderse, es el silencio.

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