En el seminario que organizó el jueves pasado el Consejo Privado de Competitividad el profesor Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard, hizo una presentación interesante sobre la necesidad de poner en práctica un ambicioso programa de cambio estructural encaminado a orientar una mayor participación de los sectores de alta productividad en el empleo y en el producto.

La productividad laboral más alta es la de un sector que podemos llamar 'moderno', compuesto por la industria, los servicios públicos, el transporte, la construcción y la minería. Esta productividad es cuatro veces superior a la del campo y alrededor de dos veces la del sector servicios.

Pero estos sectores de alta productividad no son los que han generado la mayor cantidad de empleo. El campo ha venido perdiendo productividad, producto y gente que no ha absorbido el sector 'moderno', sino que ha sido capturada principalmente por el de servicios.

Las políticas de cambio estructural estarían orientadas a remover los cuellos de botella y a promover las instituciones para inducir una mayor captación de trabajadores en las actividades con mayor productividad e incrementar la eficiencia y la competitividad dentro de cada sector.

Este concepto de cambio estructural captura la noción de que el estado debe intervenir decididamente en esa facilitación y orientación de recursos hacia donde son más productivos. Es similar en sus objetivos a lo que algunos llaman la 'nueva política industrial', pero es de mayor alcance porque no excluye oportunidades en sectores como el agrícola, la construcción, la minería o los servicios.

Para aplicar exitosamente una política de cambio estructural hay que contar con un sistema educativo igualitario de calidad, buena infraestructura, acceso a servicios básicos y políticas macroeconómicas adecuadas.

La economía debe estar abierta al comercio, al cambio técnico y a la innovación. Pero sobre todo debe contar con un buen gobierno y con un sistema político relativamente libre de corrupción. Si no se dan estas dos condiciones, el estado sirve de vehículo para distribuir mal y arbitrariamente los recursos y de obstáculo al cambio estructural. Mejorar la calidad del gobierno eleva la productividad del sector servicios y de la economía.

Uno de los problemas de la administración pública es la mala o inexistente coordinación entre entidades públicas y la falta de planeación en muchas de ellas.

El Incoder no puede distribuir tierra baldía porque las autoridades ambientales no le dan vía libre para sustraer áreas que fueron analizadas y estudiadas catorce años atrás y hacen parte del proyecto de adjudicación de tierra a los campesinos de la actual administración.

El ministerio del Medio Ambiente ya debería tener claro en qué áreas no se puede sustraer tierra para campesinos y dejar operar al Incoder en las otras áreas. En el caso de las consultas con comunidades indígenas y afro colombianas que deben anteceder las obras públicas, el Ministerio del Interior debería haber realizado un censo y saber donde están esas comunidades.

Ellas serían las que tendrían derecho a ser consultadas cuando se van a realizar obras en sus territorios, no las que se organizan en forma oportunista.

Dice un alto funcionario del Ministerio de Transporte que para lograr que se haga cualquier cosa hay que acudir al Presidente para que les "dé la orden" a las entidades involucradas.

Esa en una pésima práctica administrativa. Por eso, la Comisión de Infraestructura ha recomendado crear mecanismos de planeación y coordinación entre ministerios para abolir el tratamiento caso por caso que obstruye cualquier proceso.