Durante muchos años estuve ciego por la envidia y me vi en constantes oportunidades apoyando enérgicamente el lado oscuro de los que criticaban las prácticas reprochables que se derivan de repartir la famosa “mermelada” gubernativa. Solía indignarme de sobremanera por las gruesas sumas que se giraban a las arcas de unos pocos y tuiteaba a rabiar por los puestos que se repartían como hostias en cada legislatura. Siempre me preguntaba infructuosamente cómo era posible tanto descaro y desidia en frente de la opinión pública, pero tras el decreto que recientemente firmó el Presidente para reforzar el salario de los congresistas tuve una epifanía, entendí lo equivocado que vivía y esas dudas ya no me aquejan más.

Comprendí que mal haría el estado en repartir ese mismo dinero en inútiles programas sociales para la población más vulnerable, plata perdida que nunca se recupera porque los beneficiarios no sabrían administrarla, mejor es inyectarla a la nómina del legislativo, sí, los padres de la patria sabrán multiplicarla como ninguno. Para el ojo inexperto en política lo que Santos hizo fue parchar los agujeros que tiene la Unidad Nacional y calmar la pataleta de algunos senadores, pero el experimentado analista no tardará en detectar en esta actuación un acto de justicia, donde se equilibró la balanza salarial que abusivamente perturbó el Consejo de Estado.

Por eso creo que esta misma institución debe sentar un precedente, cuando le llegue el momento de decidir sobre la demanda que algún ciudadano enemigo del sistema instaurará contra este decreto, y resarza su primera decisión elevando el derecho a la mermelada al rango de constitucional en conexidad con la dignidad humana y el trabajo remunerado, dos baluartes que claramente se le violentaron a los honorables parlamentarios. Luego la Corte Constitucional debe acoger esta línea y ampliarla para que se pueda defender por tutela cuando los irresponsables periodistas de Colombia acusen a algún funcionario de formar parte de un imaginario “Carrusel de pensiones”.

Incluso, deberíamos ir un paso más allá y permitir el lobby abierto en el Capitolio Nacional, tratar de “soborno” a esta prestigiosa y nada sencilla actividad es calumnioso y temerario, cuando claramente estamos ante un “incentivo metálico no vinculante”. Y si queremos llevar todo al siguiente nivel, convirtiéndonos en referente internacional, debemos pedir que se certifique como costumbre mercantil la comisión del 6% al 10% en cualquier contratación pública, así desmitificamos esta práctica que tiene tras las rejas a hombres insignes y preclaros de nuestro país que trataron de introducir esta idea novedosa a nuestro ordenamiento jurídico cuando éste no estaba preparado para ella.

Pensémoslo, recordemos que la corrupción es inherente al ser humano y por eso por una vez que estemos en el bando de nuestros magnánimos congresistas no estará mal. Que esparcir la mermelada ya no sea un tabú, sino un arte político propio de los más brillantes estadistas ¡Adelante presidente! No se dejé intimidar por los moralistas y raspe ese frasco hasta el fondo para lubricar los engranajes de sus locomotoras y que todo vaya sobre rieles.