Nuevamente nos sorprenden las Farc con sus anuncios, después de una arremetida aleve y sistemática en contra de varias poblaciones de la Patria. Es muy importante analizar los puntos más relevantes del comunicado, a fin de entender el propósito de ese grupo insurgente y la posición del Gobierno Nacional frente a este nuevo escenario del conflicto colombiano.
En primer lugar, señalan las Farc que procederán a liberar los miembros de la fuerza pública secuestrados, (entendidos por esa organización como prisioneros de guerra). Y expresan: “… queremos manifestar nuestros sentimientos de admiración para con los familiares de los soldados y policías en nuestro poder. Jamás perdieron la fe en que los suyos recobrarían la libertad, aún en medio del desprecio y la indiferencia de los distintos gobiernos y mandos militares y policiales”. A este respecto, es preciso indicar que las condiciones inhumanas y degradantes a las que han sido sometidos los secuestrados desde hace ya varios años, enervan cualquier posibilidad de considerarlos prisioneros de guerra. La referencia a sus familias, además de vergonzosa, parece más una excusa para endilgar en cabeza del Estado, la carga por unos hechos cuya única responsabilidad recae en la organización guerrillera.
En segundo lugar y prueba de la vulneración flagrante a las normas del Derecho Internacional Humanitario y a los derechos humanos, las Farc anuncian que cesarán los secuestros a la población civil, como mecanismo para financiar su lucha política. En tal sentido, debe indicarse que esas actividades no son más que secuestros extorsivos cuyas conductas son severamente castigadas por la legislación penal. A más de ello, nada anuncia el grupo subversivo, frente a esos civiles que hoy están en sus manos ante la imposibilidad de pagar sumas exorbitantes para lograr su liberación.
Por último, se informa acerca de la derogación parcial de la ley 002, lo que significa que seguirán las estafas de las que son sujetos miles de colombianos,  y que consisten en el cobro de un porcentaje para la financiación de las actividades de los alzados en armas.
Hoy debemos ser cautelosos y prudentes frente a anuncios de esta naturaleza. “Obras son amores”. Habrá que esperar que no se trate de una nueva treta para que nuestra fuerza pública baje la guardia, dando aire a quienes hoy están sucumbiendo ante el poder militar.
Ya se escuchan voces proponiendo el cese bilateral del fuego, lo que sin duda, es no solo, prematuro, sino arriesgado e ingenuo. Reconozco, como lo dijo algún columnista, que estamos más preparados para el conflicto que para la paz, toda vez que pasadas décadas de sufrimiento, no es fácil, de buenas a primeras, pensar en una situación fáctica de esta naturaleza, después de tantos desengaños.
Sin embargo, hay que ser optimistas, procurar que esta nueva situación sea manejada directamente por el presidente Santos. Evitar shows mediáticos y tener la mayor prudencia a fin de que no se contamine un proceso que esta vez esperamos llegue a feliz término. La participación de naciones extranjeras puede ser provechosa, en la medida en que no se tome partido alguno, tal y como lo viene haciendo con buen acierto el gobierno de Brasil.
En el Congreso de la República, cursa un acto legislativo en el cual se busca otorgar precisas facultades al señor Presidente para que formule un marco general de paz, y cuyo trámite se vino a menos, cuando, hace unos meses, se desencadenaron los ataques de las Farc. Es imperativo retomar la iniciativa, a efectos de que esta organización también entienda la voluntad del legislativo en buscar caminos de paz y reconciliación, sin mentiras de por medio.
Dios quiera que podamos ver una luz al final del túnel.