Yohir Akerman


Como lo ha establecido el columnista chileno Carlos Peña, la fe no solo mueve montañas: también hace que personas inteligentes digan cosas insensatas.
Y eso es lo que ha pasado con el nuevo debate que el procurador Alejandro Ordóñez volvió a levantar sobre el aborto.
El Procurador no puede, o no debe, atacar estos temas pensando con sus deseos (religiosos) y no en las leyes (jurídicas). Pero bienvenido el debate de nuevo sobre los tres casos en los que está despenalizado el aborto, que se deberían ampliar hasta llegar a la plena autonomía de las mujeres para decidir sobre este tema. Sin duda.
Lo primero que hay que aclarar, es que nadie quiere llegar a la posición de tener que tomar la decisión de abortar, y si alguien llega a esta solución, no lo hace por gusto.
Ni la adolescente que por ausencia de educación sexual quedó embarazada; ni la víctima de una violación; ni la madre de un feto malformado; ni la mujer que por cuenta del embarazo tiene riesgos inminentes para su vida. Nadie. Pero al estar en esa posición, la decisión debe ser de la mujer, no del Estado.
Tratar de regular y prohibir esa opción, es imponer desde la ley que la mujer no tiene la capacidad de decisión sobre su propio cuerpo. Sobre su vida. Y eso es machista.
Si la adolescente embarazada, o la mujer violada, o la madre enferma quieren seguir adelante con su embarazo y tener el hijo porque así lo prefieren, es igual de aceptable y respetable como no querer hacerlo. Pero las opciones no deben estar determinadas por el Estado. Sino por ellas.
Obligar a alguien a tener un hijo que no quiere, o no está en condiciones de criar, es una exigencia igual de salvaje como obligarla a abortar.
El prohibicionismo viene de la costumbre de los entes de control de privar de lo que no les gusta a la sociedad. De lo que aparentemente es un riesgo, o una inmoralidad. Y por eso la fe y la moral religiosa siguen haciendo parte de las líneas de esta discusión. Errado.
No me canso de repetirlo: las religiones están en su derecho de aleccionar moralmente a sus fieles. Pero únicamente a sus fieles. Y sus devotos están en el deber de acogerse a sus profundas convicciones, absolutamente respetables, pero desde su fuero interno. Es cierto que una mayoría de los colombianos se declaran católicos y que la Iglesia está en su derecho de expresar su posición sobre los temas de la sociedad. Pero Colombia legalmente es aconfesional, por lo tanto los debates legales y sociales deben plantearse desde los hechos jurídicos comprobables y no desde las creencias religiosas.
La discusión del aborto es sobre la autonomía, no sobre la vida. Hay que legalizar el aborto de manera amplia, no solo en los tres casos despenalizados por la Corte Constitucional, para darle esa autonomía a la mujer.
Para eso es necesaria una discusión científica, no religiosa, con el fin de determinar la fecha máxima del embarazo en la que puede hacerse la intervención quirúrgica y, en conjunto con esto, adelantar campañas serias de educación sexual, y estrategias que faciliten el acceso a los anticonceptivos. Esto para que el aborto sea la última de las opciones. Pero una opción real.
El sexo en los adolescentes, no es una posibilidad, sino una realidad en la gran mayoría. Y por eso hay que entender que lo mejor para manejar eso, no es esconder la información o la inacción, sino, por el contrario, afrontarlo y tener un diálogo abierto dando las herramientas acordes a ese entorno para disminuir la rata de embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y la cantidad de abortos al año.
El aborto, ilegal, o preferiblemente de manera legal, va a seguir ocurriendo. Y se protegerían muchas vidas de mujeres que mueren por intervenciones hechas desde la clandestinidad, si se legaliza de manera amplia.
Pero el Procurador, y la fe religiosa no lo comparten, basados en una verdad absoluta que contradice la lógica de una sociedad moderna y plural. No por nada Friedrich Nietzsche dijo que "tener fe significa no querer saber la verdad".
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