Tiene razón el papa Francisco cuando dice que la corrupción es el anticristo, porque ella representa el mal en una de sus más detestables formas.

Lo sabemos, especialmente en Colombia. Para infortunio de este país -y aquí cabe señalar que el mal de muchos otros países no debe ser nuestro consuelo-, todo indica que los valores éticos se alejan cada vez más de la vida y actividades de los asociados. Y en la medida en que tales valores desaparecen, crecen vicios como la búsqueda del dinero por el camino más fácil, la trampa, el engaño, el saqueo al patrimonio público y la tendencia a aprovechar la menor oportunidad para obtener el lucro ilícito.

Es verdaderamente desolador el panorama que hoy presentan sectores como la política, la administración pública, la administración de justicia, el ejercicio de las profesiones, la salud, la empresa privada -para tan solo mencionar algunos-, en los que, sin perjuicio de reconocer que en cada uno de ellos quedan todavía unos cuantos exponentes ejemplares pero en vía de extinción, encontramos prácticas y actitudes totalmente contrarias al más elemental concepto de moralidad y de respeto a los principios, y, por el contrario, prevalece el criterio según el cual "todo vale" para alcanzar los objetivos personales de éxito, de ganancia y de poder.

Sin duda, el país requiere un alto en el camino. Necesita que se revise la forma en que estamos educando a las nuevas generaciones. Que se examine a fondo el tipo de enseñanza que se imparte en los hogares, en los colegios y escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación, con el objeto de descubrir en qué nos estamos equivocando.

Es preciso que se restaure la moralidad social como principio de vida, desde la más tierna infancia.

El país, que viene en caída libre hacia la disolución por causa de los antivalores, requiere con urgencia, a la par con las investigaciones penales, fiscales y disciplinarias -las que, por supuesto, deben cursar con el fin de desenmascarar a los corruptos y de sancionarlos como es debido, según la Constitución y las leyes-, una recuperación de lo que podemos denominar el sentido ético.

El campo del Derecho es quizá uno de los más afectados por las prácticas opuestas a la ética, junto con la administración pública, y eso -a los abogados- nos duele y nos avergüenza. No puede ser de otra manera cuando observamos que muchas veces los pleitos no se ganan con argumentos jurídicos sino con regalos al juez o a los empleados judiciales; o cuando vemos que la gestión jurídica se pone al servicio de causas ilegítimas o contrarias al interés colectivo; o cuando se usan triquiñuelas con apariencia de legalidad, a partir de los "micos" y vericuetos de las leyes mal redactadas, para alcanzar fines inconfesables.

Quienes, además de abogados, hemos sido educadores tenemos la obligación de revisar a conciencia cómo adelantamos nuestra labor, y de verificar si en nuestras clases inculcamos de verdad en nuestros estudiantes los valores y principios jurídicos y éticos. Algo tiene que estar fallando en el sistema de formación profesional de los abogados para que se haya extendido entre nuestros colegas la peligrosa consigna del triunfo a cualquier precio. Esa es la maquiavélica idea según la cual el fin justifica los medios.

Por estas y similares razones, quien escribe estas líneas -al aceptar la rectoría de la Universidad del Sinú en Bogotá y la decanatura de su Facultad de Derecho- se ha propuesto trabajar desde el primer día de clases, con el valioso concurso del equipo docente -compuesto por maestros del más alto nivel-, en la formación integral de los futuros abogados; en su concepción humanista del Derecho; en la formulación y la enseñanza de postulados morales que, firmemente unidos a la preparación en el terreno jurídico, garanticen a la sociedad colombiana que los egresados de la Institución serán verdaderos juristas y no tinterillos, capaces, bien estructurados desde el punto de vista profesional y, desde luego, guiados por los mandatos de la ética y la genuina justicia en todos los campos de su desempeño.