Ser magistrado en Colombia es un oficio de lo más divertido. No hay que rendirle cuentas a nadie; la palabra de uno siempre es la última y hasta se vuelve ley, literalmente; no requiere gastar colosales sumas de dinero en campañas -aunque se hace una, cierto, pero chiquita y con tu círculo de confianza, mientras la amenizas con la fragancia de unos güiquis- y no debes contar con mayores conocimientos jurídicos, solo necesitas los amigos correctos en las posiciones adecuadas. Para la muestra el botón de nuestro querido monseñor Alejandro Ordóñez quién logró ser Consejero de Estado vaya a saber uno cómo.

Pero no solo eso, tampoco es necesario que tengas una hoja de vida impoluta, pues las sospechas que sobre ti recaigan se esfumarán como bruma tan pronto como el Presidente te posesione ¿Salir a hacer aclaraciones sobre las acusaciones de algún noticiero? No, eso para qué, tus fallas del pasado no entran en conflicto con tus fallos del futuro ¿Cierto, magistrado Rojas? Y como si fuera poco, te pensionas con unos de los montos más jugosos de todo el aparato estatal, aunque recientemente esta sinvergüencería se haya reducido con un valiente harakiri jurídico de la Corte Constitucional.

En conclusión, es posiblemente el empleo perfecto, sólo superado quizás por aquellos embajadores y cónsules que envían a destinos olvidados y recónditos donde nadie, ni siquiera los habitantes de aquel inhóspito rincón de la tierra, saben que tenemos oficina -como por ejemplo, Malasia-. Por eso da coraje, del puro y visceral, ver a la presidenta de la Corte Suprema y a algunos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá bajándose de un crucero en Cartagena con caras risueñas y cómplices, en lugar de estar haciendo su trabajo, uno de los más importantes de toda la estructura constitucional.

A lo mejor ellos crean que su “permiso” o “licencia”, no importa el término con el que se quieran excusar ya que en ninguno de los dos encaja esta situación, no afecta a nadie, pero no captan que en estos tiempos inciertos de desconfianza hacia la justicia estas salidas en falso no son recibidas con agrado entre la gente. Más allá de la legalidad de sus actos hay algo mucho más preciado y es la estética de los mismos, es decir que no porque algo esté apegado a la norma debe hacerse cuando abiertamente no se ve bien.

Que el Consejo Superior de la Judicatura inicie las investigaciones para determinar si este descaro en alta mar fue remunerado con nuestros impuestos o si la ausencia no fue justificada válidamente de acuerdo con la ley, y que de ser así se sancione a los responsables con la severidad que merecen. Castiguen estos abusos por aquellos que no nos llevamos el trabajo hasta Aruba para hacerlo allá.

Obiter Dictum: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”, ese es el gran resumen del acuerdo sobre tierras firmado entre el Gobierno y la guerrilla. Es un avance importante, pero no podemos cantar victoria con la amenaza latente de que en cualquier momento todo explote en átomos volando.