Bien se sabe que las leyes, para cumplirlas, hay que interpretarlas. Lo que en la Constitución o el Código Penal parece claro, en labios de un habilidoso jurista adquiere matices grises. Cada palabra allí registrada puede tergiversarse o entenderse de otro modo en beneficio de sus intereses o el de sus clientes.

Por ejemplo, la Constitución en sus artículos 13, 15, 16 y 18 habla sobre cómo los colombianos nacemos libres e iguales ante la ley, que no se nos debe discriminar por raza, sexo, culto... Habla sobre el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y la libertad de conciencia. Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado insiste en todo lo contrario. Condena a los homosexuales y amenaza a los notarios que osen casarlos.

Esta semana fuimos testigos de dos hechos judiciales que aunque similares, fueron interpretados por los jueces, los medios de comunicación e incluso por el presidente Juan Manuel Santos de manera diferente. El domingo un juez de Bogotá envió a Jhonatan Cabrera Ortiz, de 24 años, a la cárcel La Modelo, mientras se le adelanta el proceso judicial por atropellar y matar a un peatón cuando conducía con grado uno de alcohol.

Dos días después, la jueza Carmen Gualteros dejó en libertad -pero vinculado al proceso- a Fabio Andrés Salamanca, un joven de 23 años que al igual que Cabrera, es acusado por la Fiscalía de homicidio con dolo eventual. Hace unas semanas este universitario iba a 140 kilómetros por hora en su camioneta Audi y se chocó contra un taxi. Mató a dos pasajeras y el taxista al parecer quedará parapléjico. Salamanca tenía grado tres de alcohol.

Los colombianos, del presidente para abajo, se mostraron confundidos e indignados con dichas decisiones. ¿Dónde queda el rasero? ¿La igualdad? Para la jueza Gualteros, Salamanca no es un peligro para la sociedad. "La ley es la ley y los principios son principios, y debe prevalecer la presunción de inocencia. (...) ¿Tendríamos que llegar al punto de que todo conductor borracho sea puesto tras las rejas automáticamente? Cada caso debe valorarse".

Y en este país cada caso se valora dependiendo del marrano. En la mente de muchos colombianos está la condena de Víctor Alfonso García a cuatro años de prisión por tocarle las nalgas a una mujer, hecho considerado como delito de acto sexual violento.

También están los cinco meses que pasó en prisión Léider Correa Cobo por robarse un cubo de caldo de gallina en un supermercado en Cali el año pasado. "Un crimen famélico", lo llamó su abogado, luego de que lo salvó de que el juzgado séptimo penal municipal de la capital vallecaucana lo condenara a seis años de prisión.

O el de Javier Mauricio Arroyave Giraldo, que en 2010 fue condenado a tres años de cárcel por robarse un queso de 30 mil pesos. En la audiencia el hombre confesó que el robo lo hizo para alimentar a su familia, pero eso no conmovió al juez.

Pero cuando los involucrados son congresistas la cosa cambia. Esta semana 14 de ellos que eran investigados por el carrusel de las notarías fueron absueltos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Un acto de abierta corrupción que terminó favoreciendo la reelección de Álvaro Uribe, pero que fue considerado por la Corte como "un reproche ético, mas no penal".

Pillos confesos como el exconcejal de Bogotá Hipólito Moreno solo responderán con 600 millones de pesos, a pesar de que gracias a su manipulación del poder entregó contratos por 67 mil millones de pesos (y él se llevó una comisión muy superior a lo que reintegrará). El resto del dinero lo esperará una vez cumpla su condena de 15 años, de los que pagará la mitad y de los cuales ya lleva uno tras las rejas. Pero por su complicado estado de salud seguramente llevará su castigo en su hogar.

Cinco excongresistas condenados por parapolítica anunciaron hace unas semanas que demandarán al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exigen indemnizaciones en dólares y el resarcimiento de su buen nombre. Qué podrá pensar el familiar de una víctima de un grupo narcoparamilitar, que fue apoyado por uno de estos políticos. Es evidente que no les pesa en la conciencia ninguno de los 156 mil muertos que se calcula dejaron estas organizaciones criminales.

Es entendible que la justicia no sea perfecta, y que el sistema penitenciario les pida a los jueces no saturar más las cárceles, que en algunos casos llega al 200% de sobrepoblación. Lo que no se entiende es la evidente arbitrariedad que se está presentando en la rama judicial. El ejemplo que están dando es que entre más grave el delito mayor es la impunidad.