Intenté leer el contrato de términos y condiciones que la empresa Apple presenta a sus usuarios cada vez que hay que actualizar alguno de sus sistemas operativos o aplicaciones, pero no pude. Me cansé en la página 13, de las 30 y pico que tiene. Acepto sin terminar de leer el documento, como creo que lo hace la mayoría de personas (si la reciente encuesta de la Bienal de Culturas estableció que los colombianos leemos 2,22 libros al año, no creo que leamos muchos contratos de software). Ellos confían en que haré buen uso del sistema y que ellos me proveerán de un servicio que cubra mis necesidades. Una reciprocidad que se violó hace rato.

El nuevo ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, logró hace poco que se aprobara el Proyecto de Ley 201 de 2012 (mal llamada Ley Lleras 2.0), que "regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet". Palabras más, palabras menos, sanciona a todas aquellas personas que descarguen de manera ilegal cualquier texto, música, video o transmisión en vivo. Un proyecto que supuestamente se debía debatir públicamente, pero que se empaquetó en lo del TLC con los Estados Unidos como un favor político para los gringos.

La plataforma ciudadana RedPaTodos denuncia que la aprobación de este proyecto "ignoró las peticiones de los ciudadanos interesados en participar y desconoció los argumentos de académicos y expertos en el tema en el diseño de la norma". Además, "desconoce garantías para los usuarios como las excepciones y limitaciones, posibilita la vulneración de la privacidad de los usuarios de Internet, amenaza la libertad de expresión en la Red y, asigna funciones judiciales a particulares". O sea, la Ley Lleras 2.0 comenzó de manera irregular.

Señor Vargas Lleras, ante su ley, soy un delincuente. Mi prontuario criminal como violador de derechos de autor comenzó con la compra de casetes de compilados de álbumes pop y rock en el desaparecido almacén Top Ten; aunque el castigo por este delito debería ser mínimo, porque uno de ellos es de Milli Vanilli y ya sabemos que ellos eran una farsa. Esta racha criminal se fortaleció en la universidad al fotocopiar capítulos enteros de textos de diseño industrial. Mea culpa señores John Maeda, Wassily Kandinski y Benedikt Taschen. Pero empeoró con la Internet y las descargas en línea.

Cuando compré mi iPod no existía tienda iTunes en Colombia, entonces ¿cómo acceder a música en formato digital para almacenarla en el reproductor? Pues como lo ha hecho casi todo el mundo: descargas ilegales. Decenas de ellas, y hasta ahí llegó el contrato entre Apple y yo. Señor Ministro, seamos sensatos: usted no podría señalarme dónde comprar el tema Pancho Villa del grupo Polymarch, o la versión en vivo del tema Génesis del grupo Vox Dei, pero interpretado por Soda Stereo. No podría, no porque carezca de dedo índice, sino porque son trabajos que no han sido editados o fueron descontinuados hace décadas. Pero circulan en la red.

Recientemente descubrí el encanto de leer en una tableta, pero los libros que me gustan no están en las tiendas por descargas, entonces voy a portales donde "se comparten". ¿Eso me hace un delincuente? Precisamente, estoy volviendo a leer Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y 1984 de George Orwell, textos donde se advierte de leyes como esta. La ironía.

También estoy descargando las novelas gráficas que tanto me gustan y los comics que siempre he soñado leer. Sencillamente porque aquí, en Manizales, no se consiguen, y en Bogotá -si se les encuentra- cuestan hasta diez veces más que su valor original. Podría pagar por algunos de ellos en las aplicaciones de DC Comics o Marvel, pero luego de conocer el trato que estas casas editoriales le dieron a escritores e ilustradores como Alan Moore o Frank Miller (les robaron - literalmente - sus personajes) me dolería darles mi dinero.

La Ley 201 de 2012, aunque bien intencionada -porque los cantantes, escritores, fotógrafos y cineastas deben comer- desconoce la posición del consumidor. En Colombia, como lo expuse antes, no existe la posibilidad de acceder de manera legal y a precios justos por cierto material digital o físico. Privarnos del acceso a ellos, por ilegal que pueda ser, también puede ser anticonstitucional, pues vulneraría el libre desarrollo de la persona. En Chile, donde en el 2010 aprobaron una ley similar, tuvieron que recular en algunas de las cosas que sancionaban, porque llegaba al colmo de que en la televisión - incluso los noticieros- los sancionaban si usaban imágenes de archivo sin permiso.

Insisto, aunque tiene buenas intenciones, es utópica, sobre todo por la forma en que se desarrollan las telecomunicaciones en la actualidad. Pero Vargas Lleras es un hombre de utopías: no más esta semana prometió que entregaría cien mil casas para julio de 2013. Mal contadas, a fecha de hoy, equivaldría a unas 215 casas construidas cada día. Una tarea titánica si vemos que no han terminado la calle 26 en Bogotá, después de tres años de obras, o nuestra Autopista del Café en más de una década.