Independientemente de que algunas figuras políticas puedan estar interesadas en promover paros o de que en efecto lo hagan, y de la influencia que ejerzan la guerrilla y la mafia en el mismo sentido, parece haber un problema estructural que hace que los paros y las crisis se vuelvan más probables, y en ciertos casos sean inevitables.

En primer lugar esto se debe a que el presupuesto no alcanza para cubrir todas las necesidades que se deberían atender, y que se dejan por fuera las que parecen menos urgentes (y por supuesto las que no figuran en el radar). Pero esta priorización y la decisión de excluir ciertos gastos y no otros no se hace exclusivamente con base en criterios técnicos o necesidades.

Se le da preferencia a las demandas de los políticos más poderosos o más cercanos a la administración, y por inercia se le da prioridad a lo que ya está en el presupuesto. Con notables excepciones, los políticos más poderosos provienen de las regiones más desarrolladas que son las que tienen menos necesidades básicas insatisfechas. Esto introduce un poderoso sesgo en contra de las regiones marginales.

Y la prioridad que se le da al gasto que ya está en el presupuesto lo aumenta, pues juega en contra de los problemas que no han recibido atención. Ellos siguen amontonándose, a menos que se haga un esfuerzo deliberado por corregir estos sesgos, como se hizo en la Constitución de 1991 al darle prioridad a las regiones con mayores necesidades insatisfechas en el reparto de los recursos fiscales.

Pero esto no dio lugar a mejores administraciones locales, excepto en ciertas ciudades grandes y en municipios modelo, porque se repiten a nivel local los defectos del sistema de asignación de recursos y terminan ciertas regiones marginales acumulando necesidades no atendidas. Se convierten en bombas de tiempo que van aumentando presión hasta que estallan (Buenaventura, Chocó, el Carare, por ejemplo).

Cuando lo hacen, generalmente los problemas son demasiado grandes y demandan recursos que no estaban previstos que le ponen presión a su vez a la situación fiscal, obligando a los gobiernos locales a pasar el problema hacia arriba, e induciendo un tire y afloje entre los dos niveles de gobierno que por lo general da lugar a soluciones imperfectas. Con demasiada frecuencia el tire y afloje conduce también a posponer las decisiones porque priman los criterios fiscales y se ignora la urgencia con la que se necesita una solución.

Esto resulta contraproducente desde el punto de vista fiscal porque cuando estalla el problema, lo único que queda por hacer es solucionarlo, a un nivel mayor de gasto y ocasionalmente con muerto o tragedia de por medio, con el agravante de que se da una señal perversa de que si no hay crisis o paro las autoridades fiscales no financian las soluciones que están disponibles.