Luis F. Gómez


Más de $50 mil millones embolatados por la incapacidad gerencial en materia fiscal de los municipios es un escándalo. Cuánto bien se podría hacer en cada uno de los municipios si la gestión del impuesto predial fuera seria, eficiente y contundente. El Contralor departamental en una interesante labor formativa y correctiva está llevando la Contraloría a los municipios, él mismo ha encabezado visitas a los municipios para hacer un control del recaudo del impuesto predial. Los resultados son alarmantes: están en investigación $10 mil millones, y ya en control de advertencia hay $43 mil millones adicionales. Lo que demuestra por lo menos la incapacidad gerencial de las administraciones municipales, y quién sabe en cuántas ocasiones se trata más bien de vulgar corrupción administrativa.
Que por ejemplo La Dorada tenga no cobrados impuestos por más de $5 mil millones, es vergonzoso, o que Chinchiná tenga casi $4 mil millones no cobrados, o que Salamina se dé el lujo de tener una cartera de un poco más de $3 mil 300 millones, es sencillamente una afrenta a los respectivos municipios. Los propietarios de la tierra, que por lo general son las personas adineradas y con recursos de los municipios, están siendo subsidiados por parte de los municipios al no efectuarles el cobro del impuesto predial. Es un verdadero asalto al presupuesto de los municipios frente a las narices de todos.
Me parece que la forma como el señor contralor, Jorge Elber Wheleer Arcila, está asumiendo sus responsabilidades puede generar un cambio interesante en el trabajo de la Controlaría, que por años se ha caracterizado más por ser un fortín político y burocrático que un instrumento de control y seguimiento fiscal en el departamento. Que el Contralor departamental haya llegado hasta los municipios más lejanos, es una muestra de una excelente disposición. Que esté llegando no solo para castigar, sino para corregir, acompañar y formar, es muestra de una concepción de servicio público bien valioso. Eso debe ser implacable allí donde encuentre corrupción, favorecimientos, indolencia y dejadez. Hay que ser implacables con los funcionarios que no están cumpliendo con sus funciones. Si bien es importante acompañar en materia formativa los servidores públicos, también se debe ser muy estrictos a la hora de sancionar.
Igualmente, sería bueno que la unidad investigativa de LA PATRIA, le echara una ojeada a grandes propietarios que no están pagando cumplidamente sus obligaciones para colocarlos ante la opinión pública. La cultura de no pago impune tiene que terminar en Caldas. Todos debemos aportar equitativamente para los ingresos del aparato público.
Finalmente, nos parece sugestivo el proyecto que cursa en la Asamblea Departamental y que crea los contralores estudiantiles o escolares. Este un tema de largo aliento, de hacer a los ciudadanos mucho más comprometidos con la cosa pública y el cuidado de los recursos del Estado. Espera que sea aprobado y que se pueda colocar en marcha. Necesitamos una ciudadanía mucho más participativa para que todo marche correctamente.
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