En el año 2005, bajo el liderazgo del entonces alcalde de Londres, Ken Livingstone, se gestó una iniciativa para reducir las emisiones de carbono e incrementar la eficiencia energética en grandes ciudades a lo largo del mundo. Dicha iniciativa, conocida como C40, cuenta hoy con 58 ciudades afiliadas de todos los continentes (Bogotá entre ellas) y sus alcaldes, quizá con mucha razón, insisten en que las metas de reducción de emisiones y mitigación del cambio climático que los gobiernos nacionales no han conseguido en 40 años de discursos y protocolos frustrados, son alcanzables desde la gestión de las ciudades. No hay que desatender un mensaje que, si bien podría parecer pretencioso, proviene de un grupo de gobernantes locales que hacen gestión en nombre de 1 de cada 12 habitantes del planeta y que albergan, en conjunto, 18% del total del PIB global.

Hoy día, que la preocupación por el uso de los recursos naturales y la sostenibilidad de la vida en el planeta ha alcanzado figuración en la agenda pública, deberíamos reconocer que la viabilidad de las acciones que realmente pueden alcanzar algún impacto, está al alcance de lo local, mucho más de lo que pensamos. Temas como la gestión de residuos y su disposición, el establecimiento de sistemas integrados de transporte, la promoción de mecanismos alternativos de movilidad, la planificación urbana para hacer uso más eficiente de la energía, la sustitución de bombillas en alumbrado público y domiciliario, el ordenamiento del uso del suelo, entre otros frentes de acción, son competencia, en la mayoría de nuestros países, de los gobiernos locales, no de los nacionales.

Es lógico además, que desde el nivel nacional solo se tracen las políticas, pero que se hagan públicas en las acciones locales. Corresponde a los alcaldes y a los ciudadanos decidir, por ejemplo, si debemos seguir atiborrando nuestras calles de vehículos ocupados, en su mayoría, por una sola persona, o si debemos consolidar sistemas de transporte público eficiente, integrado y de bajo costo. Pero además usarlo. También es de nuestro resorte decidir si seguiremos incrementando la producción de residuos, cuando hoy la mayoría de ciudades latinoamericanas está en un promedio superior a 0,7 kilos diarios por habitante. Es difícil pensar en disposición adecuada para una ciudad intermedia, como Manizales, si produce más de 200 toneladas de residuos por día, o para una ciudad grande, como Lima, si su aforo diario se acerca a las 6 mil toneladas.

Gracias al posicionamiento de los temas ambientales, hoy tenemos más gobiernos locales que tienen ciertos "gestos ambientalistas", pero se requiere más que eso. No basta manifestarse contrario a las corridas de toros o favorable a la protección de perros callejeros. Necesitamos acciones de política pública que ayuden a que en el futuro los toros, los perros y los seres humanos respiremos sin temor. Gobernantes y ciudadanos debemos ser conscientes y responsables en nuestro actuar político, porque muchas medidas pueden ser impopulares, pero necesarias.

En términos de mitigación del cambio climático, si es que es posible, nos acude entonces una enorme responsabilidad, a los gobiernos locales por las decisiones de administración del territorio, al sector privado en cuanto a la responsabilidad en el uso de los recursos y en el control de sus impactos, y a la sociedad civil que debe demandar una acción responsable de los anteriores, pero no desde la hipocresía del discurso sin cumplimiento de deberes.

Ahora bien, en materia de adaptación, que es una urgencia para nuestros países, nadie mejor que un gobernante local para conocer los niveles de vulnerabilidad de las personas que viven en las laderas, a orilla de los ríos, en asentamientos urbanos irregulares o en zonas rurales dispersas… aquellos a quienes una helada, una lluvia torrencial, un desbordamiento, una sequía, les puede quitar todo, inclusive la vida.

Bienvenidas las iniciativas de alcaldes que se están integrando, que están ordenando su territorio, que están tomando decisiones con participación ciudadana, que, a lo mejor sin saberlo, están ejerciendo un poder mayor al de sus competencias legales, el poder de ayudar a que la vida siga siendo viable en este planeta.