Durante todo su gobierno, el presidente Santos ha resaltado su preocupación con respecto a la pobreza y a la desigualdad. Comparto con el Presidente esta inquietud, corriendo el riesgo de ser simplista, creo que buena parte de los problemas que afronta nuestro país se deben a la miseria y a la inequidad.

Hasta el momento, el plan de este Gobierno para luchar contra la pobreza y la desigualdad se ha concentrado en el programa de la Red Unidos para la superación de la pobreza extrema. Éste se ha implementado, con distintos nombres y pobres resultados (permítanme la cacofonía), desde el Gobierno del presidente Pastrana. Este modelo de política pública ha tenido poco éxito en países como México, Argentina y Brasil, eso sí, es bastante rentable desde el punto de vista político.

Para superar la pobreza se requiere de una verdadera alianza público privada, en la cual el Estado se enfoca en trabajar por mejorar el acceso de las poblaciones más vulnerables a bienes esenciales como la salud, la educación y la vivienda, entre otros; y el sector privado genera puestos de trabajo. Así las cosas, el Gobierno debe intervenir los recursos públicos en proveer a los más pobres de bienes esenciales y en garantizar las condiciones de competitividad que le permitan a los empresarios crear puestos de trabajo y utilidades, sobre las cuales se liquidan los impuestos, que financian las inversiones públicas. Adicionalmente, es fundamental que el sector productivo y el Estado mantengan un diálogo abierto y una actitud colaborativa sobre la forma más eficiente de garantizar que los recursos públicos lleguen a los más necesitados.

La semana pasada, el Presidente realizó dos anuncios importantes sobre políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida los colombianos más pobres. El primero de ellos fue el lanzamiento del programa de 100.000 viviendas gratuitas para las familias de la Red Unidos. El segundo, la presentación ante el Congreso de la República de un proyecto de reforma tributaria que "hará chillar a los ricos."

Aunque me ilusiona, de manera especial, que los recursos de todos los Colombianos sirvan para permitir que aquellos más pobres tengan acceso a una vivienda digna, me preocupan tres aspectos. En primer lugar, que la platica se pierda, que se quede en anticipos a los contratistas o que termine gente, no tan necesitada, accediendo a las viviendas para hacer negocios con ellas. En segunda instancia, ya que las familias de la Red Unidos viven en condiciones de miseria, y como el programa no dispone de acciones para garantizar su acceso real a medios productivos estables, puede suceder que los beneficiarios terminen vendiendo su vivienda para poder comer. Y por último, me genera inquietud, que se destinen recursos asignados a superar la pobreza a dar impulso a una campaña presidencial.

Por otra parte, una reforma tributaria que tenga como fin redistribuir la riqueza, debe tener como principio rector, que los recursos que se recaude se destine a garantizar la superación de la pobreza y que no termine en manos de la clase política. Adicionalmente, debe contar con los estímulos necesarios para que el sector privado pueda llevar acabo su papel social más importante, generar empleo formal y digno. Así las cosas, se debe prestar especial atención a los impuestos que recaigan sobre los medios de producción. El último antecedente, la anterior reforma arancelaria, no fue del todo afortunada en este aspecto, aunque se supo corregir a tiempo.

De esta reforma me preocupa especialmente el sector agropecuario, el cual, en este tipo de discusiones y debates siempre sale perdiendo. Sus gremios, sus empresarios, sus trabajadores y sus dirigentes han sido incapaces de hacer sentir sus voces frente a distintos gobiernos, dejando a este sector desamparado en materia de política pública. No podemos olvidar que nuestros pobres más pobres están en el sector rural.

Aprovechemos que el señor Presidente, de manera valiente, decidió sacar del clóset a la pobreza y como ciudadanos dediquémonos a chillar por la equidad, para que ésta se convierta en un tema fundamental de la agenda pública y privada.