Señor Presidente: el ministro de Agricultura, doctor Rubén Darío Lizarralde, utilizó su poder en el Estado para lograr la más amplia difusión de una brutal agresión en contra mía, ataque que incluyó violar en forma flagrante mis derechos constitucionales y legales. Y él informó que usted autorizó esos actos, realizados con premeditación para hacerle daño al senador que encabezará la lista del Polo Democrático Alternativo en las elecciones de marzo. Con esta van dos embestidas de la Casa de Nariño contra el único partido declarado en oposición a su gobierno.

Su ministro fue capaz de hacer pública la grabación de una conversación privada realizada en mi oficina con dirigentes sindicales de Cerro Matoso (BHP Billiton), hecho que de por sí viola mi derecho a la intimidad (privacidad) contemplado en el Artículo 15 de la Constitución, así como el Código Penal sobre violación ilícita de comunicaciones. Para agravar las cosas, presentó con amaño el contenido de esa grabación, porque me acusó de decir lo que no dije, mutiló y falsificó frases mías y concluyó difamándome, con lo que transgredió el Artículo 20 de la Constitución sobre el derecho a la información veraz e incurrió en el delito de injuria. Cuánta debilidad moral la de quien dicta clases públicas de ética, pero lo hace sobre el pedestal de una ‘chuzada’ ilegal que el gobierno debería explicar y violando más normas del Estado de derecho.

Rubén Darío Lizarralde me satanizó por respaldar el derecho constitucional de los trabajadores a movilizarse en defensa de sus intereses y ocultó que tal movilización se proponía exigirle a su gobierno descongelar 135 mil millones de pesos, que mucha falta le hacían al municipio de Montelíbano. Se necesita cara dura para presentarse ante los colombianos como quien descubrió que un congresista del Polo había cometido el crimen de acompañar un reclamo ciudadano, posición que nos enorgullece y hemos proclamado a los cuatro vientos. Y se llega alto en la escalera de la inmoralidad cuando se toman por fuera de contexto tres frases seguidas mías que constituyen una sola idea, y se cita solo la segunda, para poder falsificar lo que pienso y dije.

No fue casual el generalizado repudio de los medios de comunicación y de la ciudadanía a este despropósito del ministro Lizarralde.

Y es obvio que con esta conducta el ministro buscó tirar una cortina de humo sobre su pasado, en relación con conductas indebidas o ilegales. Entre las primeras, su persecución a los trabajadores de Indupalma y el contrato leonino que les impuso a los llamados "socios" de Coopsabana, campesinos que terminaron como siervos empobrecidos y con sus tierras hipotecadas a una empresa fantasma en Islas Caimán, para respaldar deudas de Indupalma. ¡Y el gobierno decidió implantar en todo el país el Modelo Indupalma! Además, el ministro Lizarralde -como gerente de Indupalma- violó la Ley 160 de 1994, porque en el Vichada acumuló tierras que fueron baldíos adjudicados a labriegos y porque ocupa indebidamente baldíos del Estado en el Cesar.

A pesar de nuestras reiteradas advertencias -las mías y las de Wilson Arias, también congresista del Polo-, su ministro radicó el proyecto modificatorio de la Ley 160 de 1994, la llamada Ley Urrutia, con lo que violó la Ley 1437 de 2011, que le prohíbe actuar en beneficio de las empresas a las que les sirvió el año anterior, como es el caso de Indupalma.

En consecuencia, respetuosamente, le solicito separar de su cargo al doctor Rubén Darío Lizarralde, dado su pasado y sus muy graves violaciones a la Constitución y a la ley en contra de este senador y del Polo Democrático Alternativo. Dicha determinación enviaría además un mensaje de autocrítica en relación con este y con el caso anterior en el que nuestro partido fue víctima de otro fuerte embate de la Casa de Nariño.

No sobra decirle, señor Presidente, que el Polo continuará en oposición a su gobierno. Porque si algo requiere el auténtico progreso y la verdadera democracia de Colombia es ganar el derecho a pensar diferente al pensamiento único y regresivo que intentan imponer.