Es difícil concebir algo peor que la reforma pensional propuesta por Rafael Pardo y Juan Manuel Santos. Porque se propone empeorarles, una vez más, sus derechos de pensión a más de un millón de familias que viven de sueldos superiores a dos salarios mínimos y están vinculadas a empresas privadas, convenciones laborales, el magisterio, el poder judicial, los servicios públicos, los organismos de control y el gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías.

Y porque, así lo expresen de forma solapada, la sustentan presentando a los que tienen derechos de pensión en el sistema de prima media casi que como a delincuentes que despojan a la Nación y que son los culpables de que haya muchos colombianos que sufren la informalidad y la pobreza y no pueden pensionarse. Cuando la verdad es que estos apenas son compatriotas que han trabajado por décadas construyendo el país y que han aportado para pensiones lo exigido por unas leyes que no redactaron ni aprobaron ellos.

Las dificultades para pensionarse que campean en Colombia, así como la falta de recursos de lo que hoy es Colpensiones, no son culpa de los trabajadores formales sino de las políticas impuestas por los mismos sectores políticos que hoy impulsan esta reforma pensional en extremo regresiva.

Se sabe que el desempleo, los bajos salarios y la informalidad, que dificultan o impiden pensionarse, tienen como fundamentos el neoliberalismo y el libre comercio, que sustituyen la producción y el trabajo nacional por los de los extranjeros. Y el sistema de pensiones del ISS y las cajas tenía que colapsar por culpa de la Ley 100 de 1993, que trasladó a los que aportaban para pensiones a los fondos privados -hoy con 10,4 millones de afiliados, reservas por 135 billones de pesos y solo 56 mil pensionados-, en tanto 1,3 millones de pensiones quedaron a cargo del Estado. Con este colapso agravado porque los gobiernos desaparecieron aportes pensionales que al 2001 valían 60 billones de pesos.

Que no vengan ahora a poner cara de yo no fui y a traer como falsa solución, al igual que siempre diseñada por el FMI, golpear nuevamente los derechos de los asalariados, mientras mantienen un modelo económico inicuo, que acaba con la industria y el agro, con el empleo y los salarios y por supuesto con el país y la posibilidad de pensionarse, pero que, eso sí, lucra a reventar a cada vez menos, entre ellos a los tiburones de las finanzas que convirtieron en gran negocio privado las pensiones de los colombianos.

Como buena reforma neoliberal que es, no puede faltarle su aspecto "social", tan propio de los juanmanueles que nos mal gobiernan. Cómo no ponerle al anzuelo una carnada que tape su aguijón de acero. De ahí que se desgañiten con el cuento de que el objetivo de la reforma es aumentar el número de "pensionados", calificando de esta manera no a quienes recibirán al fin de su vida laboral una pensión digna de ese nombre, sino aquellos a quienes el Estado les otorgará un auxilio de vejez del orden de escasos 75 mil pesos mensuales, que saldrá, no del crecimiento de la economía ni de los mayores impuestos a los magnates -a los que la reforma tributaria santista se los redujo en billones de pesos-, sino de un nuevo recorte del derecho de pensión de más de un millón de colombianos, entre quienes son muy escasos los de las pensiones que escandalizan.

Lo que se discute no es si el Estado debe darles unos pesos a unos ancianos paupérrimos. El debate es si eso puede llamarse pensión -y falsear la estadística- y en quién debe pagarlo: si quienes laboran para las magras pensiones que equivalen al 65 por ciento de sus bajos sueldos promedio de los últimos diez años o si los Carlos Slim y sus pares, que se lucran de sus negocios en el tercer país con la peor desigualdad social de la tierra.

Y en especial se debate si debe apoyarse un modelo económico que destruye el aparato productivo nacional, los empleos, los ingresos y las pensiones, en el que Santos se propone reelegirse con argucias de descarado clientelismo político -como la de las falsas pensiones o las cien mil casitas-, clientelismo que además financian con impuestos que pagan hasta los desempleados -como el IVA- y los trabajadores y las clases medias que logran acceder a la formalidad laboral, así como con el recorte de sus derechos pensionales.