Hace apenas un par de días el Concejo de Manizales aprobó el proyecto de Acuerdo 016, que modifica la estructura orgánica de la administración municipal, siendo lo más sonado de dicha modificación la creación de la Secretaría de Medio Ambiente. No puedo dejar de advertir que me llama la atención el hecho de nombrarla de esa manera, que puede ser un tanto anacrónico para la conceptualización que hoy se tiene de la institucionalidad que debe agenciar la gestión ambiental y del desarrollo sostenible. Pero sin duda, este es un aspecto de menor importancia al lado de la significancia institucional y política que puede y debe tener para el territorio.

Sin duda, el cumplimiento de los compromisos globales en materia de gestión de los recursos naturales y disminución de los impactos de nuestras actividades productivas y de consumo han escapado al control de los gobiernos nacionales y su institucionalidad. De ahí que la fuerza política de los temas ambientales se vea tan diezmada en las cumbres que reúnen a los jefes de Estado. Pero también de ahí surge el protagonismo de los gobiernos territoriales en lo que parece ser la nueva fase de la política y la institucionalidad ambiental global.

No en vano el C40 (grupo de las ciudades más grandes del mundo) ha anunciado fuertes compromisos en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. Y no solo están enviando un mensaje de compromiso con el futuro, están poniendo en claro cómo es la gestión en el presente, donde hay mayor autonomía y capacidades de gestión en lo territorial que en lo nacional. Por eso, aunque menos publicitados, en la pasada cumbre de Río +20 fueron más significativos los anuncios de los alcaldes que los discursos de los presidentes.

Bien por Manizales y su administración, si es que está sintonizada con la concepción de responsabilidad, autonomía y compromiso que desde el ente territorial es mucho más factible de traducir a realizaciones que desde el ente nacional.

Bienvenidas las invitaciones de algunos representantes de la sociedad civil a la vigilancia y el control social. Pero no así los señalamientos anticipados. Nos corresponde a los ciudadanos el acompañamiento y la vigilancia para que las instituciones representen el interés colectivo. Pero también para que se consoliden. En 20 años de nuestro Sistema Nacional Ambiental, hemos tenido al menos tres versiones de ministerio: uno "medio-ambientalista", uno "vivienda-desarrollista" y otro que aún no podríamos definir, al menos no por el perfil de quienes ocupan la cartera. En síntesis, aún no tenemos un Ministerio de Ambiente consolidado… y eso en 20 años.

Espero de la nueva institucionalidad local el fortalecimiento administrativo, la orientación técnica y el espacio para la participación ciudadana. Eso en la administración actual. De las siguientes, espero que superen el complejo de algunos gobernantes que piensan que sus realizaciones se miden en parte por lo que destruyan de sus antecesores. Un órgano territorial para coordinar y ejecutar acciones de política en materia ambiental es importante y útil, hay que ayudar a consolidarlo.

Consolidación por ejemplo, pidieron en julio pasado los "nuevos" presidentes de Italia y Francia para las políticas de integración de la zona Euro. Y ambos representan justo lo opuesto a sus antecesores. En América Latina en cambio, se suele modificar la institucionalidad y la política con los cambios de gobernantes, como si ellos fueran la institucionalidad y la política.