Volvemos otra vez a tocar el tema de la Industria Licorera de Caldas, empresa que desvela a muchos caldenses que vemos con angustia e impotencia cómo se deteriora y cómo sufre los rigores de una fuerte competencia, mientras internamente cada vez se muestra más débil y sus mercados cada vez son más difíciles de penetrar.

Mi posición siempre ha sido contraria a la privatización de las empresas del Estado, máxime si se trata de industrias productivas que son apetecidas por los vecinos, mientras nuestros líderes inamovibles las devalúan, deprecian y desprecian para venderlas luego por ridículas sumas que hacen presumir buenos dividendos personales en esas negociaciones. No sobra repetir las nefastas experiencias que sufrimos con la Chec, Miel I, Isagen, Isa, y un largo etcétera de empresas que fueron entregadas a menosprecio sin que se haya llamado aún a un juicio de responsabilidades a quienes cometieron las torpezas, los abusos o las imbecilidades y que hoy siguen disfrutando del poder que les brindan las agrupaciones gremiales o los directorios disfrazados de corporaciones cívicas.

Por eso la ILC requiere otro tipo de reflexión y amerita una discusión abierta, con transparencia y alejada de los intereses personales que suelen esconder esos prohombres que deterioran nuestras empresas y se lucran furtivamente de sus desgracias. Unas discusiones que desemboquen en acciones inmediatas, y que pongan por delante de cualquier interés no solo la supervivencia de la empresa, sino su fortalecimiento y su permanencia en el tiempo.

Para empezar, hay que reconocer que el problema de la ILC es estructural, crónico y peligrosamente progresivo. Los altísimos costos que hoy enfrenta; la pérdida continua de mercados; las limitaciones en las contrataciones; los vicios administrativos, productivos y de funcionamiento; las negras nubes que han logrado penetrar todos los rincones de la empresa; los apetitos voraces de los competidores, aunados con la permisividad y la complicidad de algunos administradores; los logros sindicales que desbordan cualquier lógica; son solo algunos de los síntomas que cualquier desprevenido observador logra captar. Pero existe uno más profundo y más lesivo: la falta de dolientes reales.

La transitoriedad de sus directivas, empezando por los gobernadores de turno como máximas cabezas, impide que humanamente se aborde la problemática con el sacrificio, la dedicación y la exposición personal que se requieren. Y es entendible. Si las cabezas visibles tienen que estar sometidas a los vaivenes políticos y encerradas en las limitaciones contractuales que se desprenden de los monopolios rentísticos, difícilmente tendrán posibilidad de maniobrar para capotear las dificultades. Pero, adicionalmente, si esas cabezas saben que las rodean peligros y amenazas personales y que cualquier decisión que tomen puede lesionar a un grueso de empleados, funcionarios o contratistas, será mucho lo que se cuiden de exponerse, pues quedarán de la noche a la mañana expósitas al querer de sus enemigos, ya que las soluciones requieren de un tiempo que trasciende el período constitucional de un gobernador.

De ahí que la necesidad de encontrar ese aliado estratégico que se convierta en doliente de la empresa y que le imprima un manejo gerencial que le represente lucro, es inminente. ¿Y quiénes mejor para fungir de aliados y de soporte económico, racional y administrativo que los distribuidores? ¡Ninguno! Son los distribuidores quienes se han dolido con la empresa durante décadas; quienes la han ayudado a construir (con ánimo lucrativo lógicamente); quienes le han brindado el soporte comercial; quienes han tenido la oportunidad y la necesidad de vivir sus crisis y de saborear sus éxitos; quienes permanecen, estudian y conocen las verdaderas problemáticas de la empresa, porque todo lo que allí pase les afecta y los involucra; quienes han crecido con ella y tienen puesta verdaderamente su camiseta. Lo demás ha sido transitorio, ocasional y circunstancial.

Se podría pensar entonces en hacerle un llamado a los distribuidores para que, en una agrupación legal, se conviertan en ese socio o aliado estratégico que pueda invertir en modernización, calidad y control y se encarguen de lo que saben hacer por antonomasia: vender los productos. Se podrían estudiar alternativas de asociación con los distribuidores unidos, con cláusulas que impidan su transferibilidad para protegernos de las garras de quienes hoy se encuentran a la espera de la pérdida de valor de la empresa para adquirirla a menosprecio; con condiciones de transferencia de recursos pactadas y amparadas en pólizas de cumplimiento para garantizar ingresos mínimos en el tiempo; con metas de venta y penetración de mercados concretas; con proyecciones realizables y presupuestos razonables. Es decir, con todas las condiciones de protección para evitar que el departamento pierda otro de sus baluartes.

Es hora, pues, de pensar en soluciones ya que el peligro que nos acecha es tal, que si no se asumen medidas radicales y definitivas, en muy poco tiempo tendremos que llorar por otra empresa nuestra que se nos arrebata sin haber hecho nada para salvarla. Ahí dejo una primera aproximación a la solución. El gobernador tiene la palabra.