Estamos de acuerdo con el actual ministro de Justicia, doctor Alfonso Gómez Méndez, en que la reforma a la administración de Justicia -una necesidad sentida por todas las personas residentes en Colombia- no exige forzosamente un trámite en el nivel constitucional, es decir, no resulta indispensable, para solucionar problemas existentes -muchos de ellos crónicos- proceder por la vía de un Acto Legislativo modificatorio de la Constitución.

En nuestro criterio, si bien algunos puntos de la misma -depende de los temas que se incluyan en las futuras propuestas- podrían llegar a requerir adición o ajuste de preceptos constitucionales, la esencia de lo requerido no estriba -como equivocadamente lo estimaron los impulsores de la fracasada reforma de 2012- en la supresión del Consejo de la Judicatura para sustituirlo por un organismo similar con otro nombre; ni en la modificación de los procedimientos que se aplican en la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar a los congresistas; ni en mayores exigencias para que el Consejo de Estado proceda a despojar a un miembro del Congreso de su investidura; ni en la atribución de facultades jurisdiccionales a los abogados en ejercicio; ni en privatizar la administración de justicia; ni en la modificación de las reglas aplicables al fuero del que gozan los altos servidores públicos, y menos aún reside en asuntos burocráticos con olor a prebendas, tales como la ampliación de los períodos de los magistrados en ejercicio o el aumento en la edad de retiro forzoso de dichos funcionarios.

Los problemas que el ciudadano del común encuentra a cada paso en esa materia, a los cuales el Gobierno, el Congreso, el Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador, el Fiscal, los magistrados, jueces y fiscales de todo el país deben prestar atención -en una integración de esfuerzos, ideas y trabajo, porque tales problemas no son exclusivamente del Ejecutivo- tienen que ver ante todo con el cierto, oportuno, eficaz y material acceso a la Justicia, sin necesidad de confiar el asunto a abogados corruptos que se ganan los pleitos comprando a los jueces y empleados -no todos, afortunadamente- que se prestan para ello.

Sin que eso sea todo, porque la complejidad de los problemas de la justicia es inmensa, se necesita con urgencia lograr que los procesos judiciales no se demoren doce o catorce años; que jueces y magistrados dejen de confundir el debido proceso con exigencias completamente inoficiosas y con trámites y pruebas impertinentes e innecesarias que no sirven sino para complicar y dilatar los juicios; que apliquen de verdad los nuevos sistemas de la oralidad, incorporados recientemente a los nuevos códigos; que no posterguen indefinidamente las audiencias; que no se dejen enredar por apoderados mañosos que piden lo que no pueden pedir, con el propósito de prolongar los procesos; que en muchos despachos judiciales se trabaje más de lo que se viaja; y, desde luego, la acumulación de procesos debe ser atendida con más jueces, bien preparados y dignamente remunerados.

Porque esa es otra cosa: el Gobierno no puede pretender solucionar los problemas de la administración de justicia sin asignar a ella en el presupuesto recursos mucho mayores que los actuales.

El problema carcelario -muy grave- merece capítulo aparte y entendemos que el ministro Gómez Méndez lo estudia con cuidado.