La libertad de prensa y comunicación es un elemento esencial para que se pueda hablar de un sistema democrático. De allí que -así el gobierno haya sido elegido por decisión popular, en las urnas- resulte erróneo catalogar como democrático a un Estado en el que se aplica la censura oficial, en cualquiera de sus modalidades; si se impide el libre flujo de la información; si se castiga o se persigue la expresión de las ideas; si se considera que la opinión es un delito; si las informaciones que suministran los medios o los periodistas son sometidas a control; si los medios impresos no pueden salir a la calle; o si los medios electrónicos son ocupados, intervenidos, amenazados o sacados del aire por decisiones gubernamentales. En tales casos, con independencia de su orientación ideológica, lo que se tiene no es otra cosa que una dictadura. La obstrucción de la libre actividad informativa es la más clara evidencia acerca de que ha surgido o se ha organizado y desarrollado una tiranía.

La censura a la prensa no siempre se perfecciona o expresa en prohibiciones o restricciones directas, mediante violencia o por la vía de amenazas o por visitas de agentes estatales a los medios. También se da cuando los medios son ahogados económicamente, por bloqueos en la publicidad o privándolos de elementos esenciales como el papel.

En los últimos meses se han conocido preocupantes informes de organizaciones como la SIP o Reporteros Sin Fronteras acerca de las muchas dificultades y peligros hoy existentes en países de América Latina para la prensa y los periodistas; para su labor informativa; para el pleno ejercicio de su libertad. En países como Ecuador, Venezuela y Argentina, por ejemplo, se han visto con demasiada frecuencia actitudes agresivas de los gobiernos contra los medios y los comunicadores, por causa de informaciones u opiniones de oposición o crítica. Ello preocupa en alto grado, no solamente en cuanto muestra intolerancia -y por supuesto es también expresión de debilidad e inestabilidad de quienes ejercen el poder- sino especialmente por el alto precio que en esas circunstancias tiene que pagar la democracia, la que finalmente resultará afectada. Y es algo muy triste, en pleno siglo XXI, porque se creía que prácticas discriminatorias, de censura o de represión contra la libertad de prensa no regresarían a la región tras la caída de los regímenes militares de los años setenta y ochenta del siglo pasado.

Lo último ha sido la salida del aire, en Venezuela, del canal NTN 24, un medio colombiano que no hizo otra cosa que informar lo que pasaba el 12 de febrero durante las marchas de protesta y apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Grave. Muy grave para la democracia venezolana y una ofensa para la prensa colombiana, que debería merecer el rechazo de nuestras autoridades.