Gonzalo Duque Escobar


Señala Ban Kin-moon, que el planeta está en peligro por el cambio climático y la explotación insostenible de recursos. En el fondo, sabemos que las fuerzas del mercado privilegian el crecimiento económico sobre los temas ambientales y sociales, lo que se revierte en efecto negativo para la ecología del planeta a través del cambio gradual del clima, y también sobre sociedades vulnerables a eventos climáticos extremos, como sequías e inundaciones consecuencia del calentamiento global, quienes deben soportar los crecientes costos ambientales en que se soporta el modelo de desarrollo y el confort de élites consumistas y rentas de países desarrollados. En dicho escenario la creciente urbanización con el transporte motorizado soportado en automóviles y las plantas termo-eléctricas e industrias basadas en el uso desmedido de combustibles fósiles, contribuyen al calentamiento global, y con él a la problemática de economías rurales del planeta.
En el caso de Colombia, donde agua, suelo y biota no son patrimonios, sino recursos, ciertas áreas sensibles ecológica y culturalmente vitales para algunas comunidades, legalmente terminan cediendo paso por la riqueza del subsuelo en beneficio de una empresa minera foránea o ilegal. Nuestra economía ayer soportada en el cultivo del café, ahora se fundamenta en minería extractiva y petróleo crudo, uno y otro productos primarios de origen natural, escaso grado de transformación y sin valor agregado. Para el efecto, la ley ambiental y las políticas ambientales se han acoplado más a los desafíos del mercado, que a los retos del desarrollo sostenible: en las áreas de alto valor por su biodiversidad, aunque ya se ha avanzado en la protección enfocada al tipo de compensación a que se obliga una industria extractiva, la actividad continúa gozando de reducidos gravámenes en Colombia.
Visto el cambio climático como un fenómeno gradual, a través de una investigación de la Academia de Ciencias de California, el Instituto Carnegie de Ciencias, la Institución Central Clima y la Universidad de California en Berkeley, se conoce la velocidad a la cual los ecosistemas tendrán que adaptarse durante los próximos 100 años. El estudio advierte sobre la amenaza para algunas especies animales y vegetales individuales, con baja tolerancia a las variaciones del clima, dado que los hábitats naturales se han fragmentado como consecuencia de la acción antrópica. Dicha investigación que se publica en Nature, estima las velocidades en metros por año del cambio climático durante el siglo para diferentes ecosistemas, así: en bosques de coníferas tropicales y subtropicales, 80 metros; en bosques templados de coníferas, pastizales y matorrales de montaña, 110 metros; en zonas más llanas, incluidos desiertos y matorrales áridos, 710 metros; en manglares, 950 metros; y en pastizales inundados y sabanas, 1.260 metros.
Y respecto a los eventos catastróficos asociados al cambio climático, el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, informa que las tormentas extremas son muy sensibles a los cambios de temperatura; y advierte que el número de huracanes como el Katrina, el más destructivo del 2005, podría no solo duplicarse sino incrementarse gracias al calentamiento de los océanos. Los desajustes de la máquina atmosférica trasladando los costos ambientales del modelo económico a escenarios rurales, como el Cuerno de África con la muerte de seres humanos por hambre y falta de agua potable en 2011, los hemos advertido en Colombia con la tragedia de decenas de poblados ribereños y de la sabana, anegados por los eventos climáticos extremos durante las Niñas 2007/8 y 2010/11.
Todo esto invita a revisar políticas y estrategias, acometiendo acciones de largo plazo acordes a las limitaciones de nuestro desarrollo, para avanzar en la adaptación al cambio climático y viabilizar el aprovechamiento de nuestros recursos estratégicos, implementando procesos ambientales y sociales responsables de cara al desarrollo sostenible de nuestros territorios. Esto, buscando entre otros objetivos: convertir las rentas de los recursos primarios en capacidades humanas, fortalecer el quehacer de las instituciones ambientales y la sociedad civil, ordenar las cuencas y blindar el patrimonio hídrico y la biodiversidad en áreas estratégicas, implementar la construcción de paisajes resilientes en los ecosistemas, proteger las comunidades rurales y artesanales de agresiones industriales, enclaves mineros y actividades extractivas ilegales, y fortalecer los procesos culturales endógenos.
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