Cuando la ley no protege a todos por igual, incluidos los que expresan desacuerdos con el poder, sino que, por el contrario, se construye y manipula a la medida de las necesidades de retaliación del Gobierno, como le sucedió a Fedegán con la expedición del Decreto 2537 de 2015, se configura una afrenta grave contra el Estado de Derecho. 
Cuando la sociedad civil, es decir, la ciudadanía organizada alrededor de objetivos privados legítimos, no encuentra garantías a su derecho de expresar con libertad y respeto posiciones divergentes frente al poder que ella misma le entregó al Estado, sino que, por el contrario, recibe por ello un trato discriminatorio y, peor aún, retaliatorio, como le ha sucedido a Fedegán, se configura una afrenta grave contra el Derecho a la libre expresión. 
Cuando una organización gremial debe callar sus diferencias y acompañar incondicionalmente al Gobierno, so pena de recibir el castigo acomodaticio de la Ley, estamos frente a una situación literalmente extorsiva, que vulnera en su esencia el derecho a la libre asociación de los ciudadanos. 
Los gremios son una expresión viva de la sociedad civil. Por ello, la decisión del Gobierno en contra de Fedegán, es un lunar en la historia institucional del país, pues nunca un gremio había sido perseguido por expresar respetuosamente sus desacuerdos frente a la política pública y los grandes temas que afectan al sector agropecuario, como los acuerdos de La Habana. 
El Decreto 2537 de 2015, aunque disfrazado de norma general, es un Decreto de ocasión, hecho a la medida para atacar a Fedegán; una instancia de despojo automático, sumario, sin cláusulas transitorias ni plazos para subsanar las causales incorporadas, como debe tener toda norma para garantizar los derechos mínimos de los eventuales afectados. 
La satanización de la Ley 1116 de 2006, una política pública diseñada, precisamente, para preservar los recursos y facilitar la recuperación de empresas en dificultades pero calificadas como viables, debería ser demandada por la Superintendencia de Sociedades, porque ser admitido en dicho régimen no puede convertirse en causal de castigo. 
Durante más de tres años hemos recibido ataques de todo tipo y de todas partes, incluido un intento fallido de colar un “mico” en la Ley del Plan, que derogaba de facto el artículo 7º de la Ley 89 de 1993, que obliga al Ministerio a contratar con Fedegán la administración del Fondo Nacional del Ganado; intento vergonzoso por el que ningún funcionario quiso responder. 
La Contraloría misma y también la Fiscalía, archivaron los hallazgos fiscales y penales de la espuria auditoría externa de mil millones de pesos, contratada contra Fedegán con una empresa de propiedad de un personaje oscuro, que ahora mismo está privado de la libertad por maltrato familiar agravado, mientras su empresa está investigada por la Junta Central de Contadores por las irregularidades del contrato con el Ministerio. Aun así, el exministro Restrepo, prevalido de su prestigio, y en sociedad con su cofradía de enemigos gratuitos de Fedegán, insiste en ensuciarnos ante los medios con los resultados de su peor pecado contra nuestro gremio. 
Y como si fuera poco, su hombre de confianza y asesor jurídico en el Ministerio, aterriza como por ensalmo en el cargo de Contralor Delegado para el Sector Agropecuario, en donde se cocinó la estrategia de satanizar la admisión del FNG en el régimen de la Ley 1116, que luego sería utilizada para consumar el atropello. 
Fedegán seguirá confiando en el Estado de Derecho, que sobrevivirá a las mezquindades pasajeras del poder. “No bajamos nuestros brazos ni nos damos por vencidos”, canta nuestro himno.