Deben estar de pelo parado los setecientos notarios públicos del país con la noticia, según la cual, el alto gobierno se apresta a nacionalizar la prestación del servicio de autenticación y registro en todo el territorio colombiano que desde los tiempos de la colonia ha estado en manos privadas. 
La primicia la trajo en una de sus Barcas de la semana el columnista William Calderón, apoyándose en fuentes que tienen por qué saberlo. 
El abogado, escritor y periodista Óscar Alarcón, (exsuperintendente del ramo) entendió como “una ingenuidad de los autores de la propuesta creer que con lo que ganan los notarios se puede resolver el problema financiero del Estado”. Y apuntó: “Con esa bomba no se tumba ni un bolardo, y no se notaría”, chascarrillo muy del estilo de sus “Microlingotes” de la revista Semana. 
La medida apunta a hacer que el sistema sea asumido de manera exclusiva por las oficinas de Registro e Instrumentos Públicos y Privados que funcionan actualmente como dependencia del Estado. Desaparecerían, pues, los notarios particulares, que trabajan por su cuenta, y los nuevos serían empleados dependientes del Estado, con sueldos fijos. 
Según Calderón, “el gobierno pretende no solamente adueñarse de los cuantiosísimos recursos que hoy le pertenecen a cada notario, en su condición de abogados, sino poner en juego toda la titularización de tierras y la dación de fe que ha sido tradición para ponerla en manos de las “Farc” y manipular la historia legal de la propiedad raíz, para luego apoderarse de las Cámaras de Comercio y las Curadurías Urbanas”. 
Una reforma parecida se intentó, sin éxito, durante la Asamblea Constituyente del 91. En épocas posteriores fracasaron varias tentativas por modificar su prestación, que si bien es ágil, hay quienes la consideran onerosa y privilegiada para algunos servidores que ejercen funciones públicas. 
Gentes conocedoras del asunto aseguran que con la nacionalización del servicio notarial no solamente se busca subsanar parte del déficit fiscal sino que se simplificarían las funciones duplicadas del registro de los bienes inmuebles, las autenticaciones, el registro civil de las personas y demás trámites y bienes consagrados en el Código Civil. 
El exnotario caldense Wesner Molina le dio esta información al Contraplano sobre el actual proceso de selección: 
“Los notarios son hoy de tres categorías: Primera, las de las capitales y algunas ciudades importantes; las de segunda y tercera, de los demás municipios de Colombia, de acuerdo con la importancia de la población. Los de primera categoría los nombra el presidente de la República, una vez hayan superado el concurso público, previa una convocatoria a dicho concurso, o los nombra el mismo presidente en forma interina mientras se convoque y se nombre una vez pasado el concurso. Los de segunda y tercera categoría los nombran los gobernadores, en igual forma, es decir una vez superado el concurso. Por lo general, los notarios de segunda y tercera categorías son subsidiados por el Gobierno con sumas que van hasta 7 millones y pico mensualmente”. 
La apostilla: Está tan polarizada la opinión que no faltará el uribista pura sangre que salga a los medios a acusar al santismo de emprenderlas desde las alturas del poder contra las notarías porque en ellas se parapetó, para su reelección, el expresidente Uribe, a través del famoso “articulito”.