El paro judicial que se convocó desde principios de octubre resultó, como todos los anteriores, en un proceso muy costoso para la sociedad. Y no necesariamente por los acuerdos concretos logrados en la negociación, sino por lo que significa para un país tener la justicia paralizada por casi dos meses.

Esta situación es realmente penosa y vergonzosa; es una fragrante injusticia con tantas personas sencillas que solo tienen el expediente judicial para hacer valer sus derechos fundamentales; echa por la borda las mejoras en competitividad para los negocios; es muestra de la incapacidad tanto del Consejo Superior de la Judicatura, como del Gobierno para manejar los temas con Asonal Judicial. Y también muestra la intransigencia de este sindicato.

Hay que buscar formas de fortalecer la justicia y de reducir los costos de negociación de los conflictos que la atraviesan. Y es necesario conciliar los intereses de los miembros de la Rama Judicial y los del bien público. No es sensato ni racional que las negociaciones impliquen la parálisis de la administración de justicia, este es un servicio público fundamental, propio del Estado para asegurar la vida en sociedad. No administrar justicia genera muchos traumatismos y termina generando situaciones de profunda injusticia.

En los rankings mundiales de competitividad una de las variables que monitorean es el cumplimiento de contratos. Y este cumplimiento se mide por el tiempo y costo que se requiere para solucionar una contienda comercial. Cuando el tema llega a la cuestión de judicial, Colombia pierde muchos puntos. En efecto, estamos en el puesto 168, mientras que estamos en promedio en el 43, es decir, que la cuestión Judicial es de las variables que tenemos peor calificadas a nivel mundial. Y ello no es gratuito.

La Rama Judicial no puede continuar como la cenicienta del paseo, los costos de su ineficiencia y problemas es muy grande para los colombianos y colombianas. Se requiere un verdadero plan estratégico de mediano plazo. Este problema no se arreglará de la noche a la mañana, pero la falta de voluntad política y presupuestal está generando una verdadera bola de nieve. Que se diga que unas 18 mil audiencias fueron pospuestas es muy grave.

Qué bueno que el paro haya sido levantado. Pero el lastre lo sentiremos en una mayor congestión judicial y la demora en el trámite de las diligencias.

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Es también justo celebrar la decisión de un juez que, no obstante el paro, volvió a colocar en la picota a uno de los responsables del descalabro de Interbolsa, se trata nada más y nada menos que el encargado de manejar el tema de riesgo de la entidad. Este tipo de delitos que generan daño a tantas personas, hay que castigarlo severamente, y así enviar un mensaje a los delincuentes de cuello blanco: Que también van a la cárcel.