En los últimos días han arreciado las críticas al acuerdo sobre justicia de la mesa de negociación en La Habana. Hay muchas personas que han manifestado sus reservas y críticas directas a lo que se ha concertado entre el Gobierno y los voceros de las Farc. Una reflexión serena del asunto podría permitir que hablemos en el país simultáneamente de paz y justicia. 
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien afirma que lo acordado va en contravía de la normatividad internacional: “Al examinar en detalle elementos claves de esta estructura se esconde un trato preferencial y de impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, como los falsos positivos”. Hay pues, preocupación no solamente por el tratamiento de los miembros de las Farc sino también a otros responsables de la guerra. 
A la crítica de Vivanco, contesta el juez Baltazar Garzón indicando que no hay impunidad: “Hay aspectos por arriba que claramente no tienen nada que ver con la impunidad: hay sanciones entre 15 y 20 años de privación de libertad, sanciones entre 5 y 8 años de privación retributiva de libertad para quien no coopere y sanciones de restricción de libertad para aquellos que cooperen activamente desde el principio. Si además integramos una interpretación conjunta, podemos llegar a la conclusión de que esa impunidad no existe”, señaló el juez. 
Es una tensión natural entre paz y justicia, y allí habrá necesariamente que encontrar un justo medio para que no caigamos en una disyuntiva dañina de “justicia o paz”. 
Es bueno tener muy presente la visión que se tiene desde el exterior de la negociación y de los acuerdos que se están construyendo. Almudena Bernabeu, experta en justicia transicional señala: “No hay procesos perfectos, pero el de La Habana es ejemplar. Creo que se está tomando muy en serio, teniendo en cuenta las dificultades, que son enormes y lo que todavía queda por hacer. Yo sé que hay críticas, pero creo que se está haciendo con buena intención, con sentido común y con ganas de pasar la página en la historia. Y comparándolo con otros, hay un elemento clave y es la centralidad de las víctimas y del tema de justicia. No fue así en Guatemala, no fue así en El Salvador, eso lo digo alto y claro. Incluso, mirando hacia el futuro, de la mano de Colombia va a ir Sir Lanka, donde aún cuesta imaginar cómo las víctimas van a ser una parte tan integral como lo están siendo en Colombia. La implementación va a ser compleja, pero es muy positivo”. 
Así las cosas, el acuerdo, con las limitaciones que tiene, no implica impunidad y se rescata esa centralidad en el tema de las víctimas. Y el país debe buscar conciliar el derecho a la paz y la necesidad de impartir justicia por unos horrores cometidos durante el conflicto. Pero hay que evitar que un maximalismo en justicia se lleve por la borda la paz. Y en este sentido es vital que la nación completa se involucre en esta nueva historia que se está escribiendo, como lo dice el juez Garzón: “No podemos hacer recaer sobre el Gobierno algo que es de todo el Estado, incluidas las Farc, y todos los actores. Aquí nadie puede ser indiferente, nadie puede decir que no va consigo, porque cualquier solución, cualquier fin al que se tienda siempre va a producir un efecto en toda la sociedad en una u otra manera”.