El término «limbo» se incorporó al lenguaje como consecuencia de la explicación, que con respecto al destino que corren las almas de las personas que mueren sin pecado y que aún no han sido bautizadas, diera la iglesia de Roma, un lugar “anodino” de espera indefinida, fronterizo del infierno que en resumidas cuentas no es ni de aquí ni de allá, “ni chicha ni limoná” diría Horacio Serpa, para ser exactos. 
A raíz de la determinación del Honorable Concejo Municipal de “hundir” el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, haciendo oídos sordos a la Administración Municipal quien radicó el Proyecto de Acuerdo luego de cuatro intensos años de trabajo; a Corpocaldas que junto con el Municipio conciliaron los ítems que resultaron polémicos, para lo cual estuvieron en un juicioso ir y venir durante la etapa final del proceso; al Consejo Territorial de Planeación que previas algunas recomendaciones, lo avaló sin más dudas; a la voz del Comité Intergremial que hizo sus mejores esfuerzos porque la renovada visión del municipio se pudiera implementar para bien de la ciudad; a la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos que lo consideró un avance en la concepción territorial; a los que de una u otra manera trabajaron en función de satisfacer las dinámicas del desarrollo; a la ciudadanía que se manifestó; mejor dicho, a la ciudad urbana y rural la dejaron en un limbo de insospechadas consecuencias. 
Las normas que rigen el desarrollo urbano y rural del municipio se convirtieron en estos catorce años del POT actualmente en vigencia, en una confusa colcha de retazos, resultado de intervenciones parciales e incompletas como por ejemplo la aprobación de cuatro de las diez y siete Piezas Intermedias de Planificación, PIP, que a pesar de recurrir a una metodología avanzada, por el hecho de no haber sido adoptadas en su totalidad, crearon una descompensación urbana. El resto de la regulación es, palabras más palabras menos, anterior a la Ley 388 de Ordenamiento Territorial de 1997. 
Una ciudad que se precia de su calidad de vida, que ocupa en la actualidad un puesto destacado en país por su capacidad innovadora, está literalmente en la prehistoria; que los esfuerzos e iniciativas de grupos institucionales, de políticos, de voluntarios, y de ciudadanos, sucumbieron ante la corporación edilicia, que se enfrascó en discusiones estériles que condujeron irresponsable y me atrevo a pensar que premeditadamente, a su hundimiento definitivo. 
La administración actual asumirá la impostergable labor de revisar y ajustar el proyecto, como bien lo ha mencionado el alcalde Octavio Cardona en su discurso de posesión. 
Estudié cuidadosamente la ponencia del Proyecto de Acuerdo. La primera parte se dedica a hacer un recuento y algunas trascripciones de las normas legales que anteceden el estudio y discusión de la iniciativa presentada por el Gobierno Municipal, dejando claro que, “...la Corporación cuenta con un plazo prudencial para realizar un ejercicio responsable, técnico y ajustado a la realidad con el principal instrumento con que cuenta un territorio". Un poco mas adelante concluye que la presentación del proyecto fue extemporánea, viola el debido proceso etc., pues el recorrido por las instancias previstas por la ley debe comenzar al inicio del período constitucional del alcalde, sin tener en cuenta que ello merece un concienzudo estudio y trabajo, el arte del prestidigitador de sacar conejos de un sombrero nada tiene que ver aquí, como pareciera que reclaman los ediles. 
La visión de largo plazo (tres periodos constitucionales), asumida por el POT fue elaborada por el grupo de planeación estratégica Estoy con Manizales con la participación “...de sectores gremiales, comunitarios, académicos, públicos, políticos y ciudadanos,...” la cual también sirvió de cobijo para el Plan de Desarrollo 2012-2015. Para el Concejo Municipal esto es un craso error pues el Plan de Desarrollo es eminentemente socio-económico mientras el POT es de desarrollo territorial, además “no contiene: Vigencia, no identifica las potencialidades del territorio, no señala los alcances de largo plazo...” y para rematar afirma que no se puede extender al 2032 si fue diseñada para una vigencia constitucional de cuatro años (2012-2015). 
Nada allí satisface a la Corporación quien se va lanza en ristre contra toda la propuesta profiriendo “anatemas” a diestra y siniestra: ni las políticas están articuladas con la ley, ni las estrategias con los objetivos y para rematar tuvo la osadía de afirmar que de ser aprobado se podría incurrir en un detrimento patrimonial, con lo cual concluye la audaz ponencia, la cual antes de las firmas de rigor termina con un “Cordial saludo”. 
Para quienes hicimos seguimiento al proceso, que incluso presentamos observaciones y sugerencias bien sea en documentos entregados a la Secretaria de Planeación Municipal o por medio del Periódico de Casa en artículos como este, el POT era susceptible de afinar algunos aspectos, los cuales se hubiesen podido hacer por medio de un “...ejercicio responsable, técnico y ajustado a la realidad...” como advierte el Concejo al principio de la ponencia, o a lo largo de toda su vigencia, pero a todas luces la propuesta de la pasada administración es mejor, sustancialmente mejor de la que rige en la actualidad. Desconocer este esfuerzo no sé a qué intereses responde, pero a los de la ciudad no fue. 
Feliz 2016