Si creyó que leer y entender las 297 páginas del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera fue un gallo, entonces no le ha metido el diente a la actual Reforma Tributaria. Ese documento de 183 páginas que el Gobierno Nacional pasó a trámite en el Congreso hace dos semanas. Está lleno de parágrafos, modificaciones, fórmulas y referencias al Estatuto Tributario. Un documento capaz de producir migraña a expertos en macroeconomía y sopor en más de un senador, los responsables en aprobarla o no.
Son contados los colombianos que podrían dominar este texto. Ayer, por ejemplo, escuché al exviceministro de Hacienda Juan Ricardo Ortega intentar defender algunos puntos de la Reforma Tributaria, pero hasta él terminó aceptando en La W radio que había cosas que no había leído o que no dominaba. Si alguien con su recorrido puede enredarse, ¿cómo será para usted, o para mi, que una simple regla de tres es alta matemática?
Entonces tenemos que confiar en lo que algunos analistas nos cuenten. Lo que los expertos digan. Y ahí es cuando la reforma se deforma. Sobre todo si hasta integrantes del mismo Gobierno se sabotean.
Dice el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que esta reforma es la más viable y que menos afectará el bolsillo de los colombianos. Una medida necesaria para poder tapar ese hueco fiscal que tiene el país y que ronda los $35 billones. Pero el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, ya incitó a la gente a marchar en contra de la Reforma Tributaria, que porque afectará el programa de viviendas gratis, plataforma que él ha sabido explotar para preparar su campaña presidencial. Alega que nadie lo consultó. 
Y hacen eco las voces del senador Jorge Enrique Robledo y el representante a la Cámara David Barguil, que denuncian micos en la Reforma. Incisos que beneficiarán a los más ricos y le sacarán más plata a la clase media. Pero en palabras de ellos suena más a oportunismo que a intereses reales por ayudar al pueblo colombiano. El primero ya anunció su candidatura presidencial, el segundo viene persiguiendo un ministerio desde hace rato.
Es un hecho que el IVA subiría al 19%. Que a la gasolina le incrementarán $200 y que le pondrán impuestos a la gaseosa y a los cigarrillos. Que se aumentaría el número de ciudadanos que tendremos que declarar renta. Lo demás es un galimatías del que muchos se prenden para atacar o defender la Reforma. Cosas como que el impuesto a las utilidades es el mismo impuesto a la riqueza del mismo modo y en sentido contrario. O que las ONG y las iglesias comenzarán a tributar si entre sus funciones hay una parte comercial, lo que en teoría incluiría la venta de empanadas, medallitas y escapularios para la reparación de un templo. 
"No hay un solo colombiano dispuesto a pagar un centavo más de impuestos en medio de este mar de corrupción y en medio de la evasión de impuestos que tienen los más poderosos”, dijo esta semana la senadora Claudia López, tal vez la voz más sensata sobre este tema en la última semana. Según el más reciente Índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional, Colombia tiene una calificación de 37 sobre 100, siendo 100 el equivalente a cero corrupción.
La corrupción le ha costado al país $189 billones en las últimas dos décadas, y según la senadora López, en el último año el gobierno se ha gastado $8,6 billones en 'mermelada' para pagar favores políticos. Además, solo el 3% de las entidades oficiales no son corruptas, denuncia el movimiento ciudadano Manos Limpias.
La solución, entonces, no está en subir los impuestos ni aumentar el número de personas que deban declarar renta. Está en luchar contra la corrupción. En castigar y hacer público los nombres de esos grandes evasores de impuestos, que por lo general son grandes firmas o empresarios. Esto, de entrada, le reportaría $30 billones al erario, según el ministro Cárdenas.
En parar el CVY, que nos cuesta $3,9 billones en procesos de contratación que se van para los bolsillos de los corruptos.
Y en frenar la voracidad de nuestros políticos. La senadora López dijo esta semana que el Estado se podría ahorrar más de $233 mil millones si los congresistas se ganaran lo mismo que recibe uno en otros países de América Latina, “que no son $28 millones sino $16 millones; o lo mismo que se gana un ministro, que está entre los $16 y $18 millones”.
La cuestión es que ellos son los que aprueban esos cambios y con reformas tributarias como la que se viene ¿quién querría que le bajaran el sueldo?