Desde hace más de una década y como consecuencia de la Ley 715 de 2001, el Gobierno Nacional ha implementado un nuevo régimen de la carrera docente en Colombia, se trata fundamentalmente de un nuevo sistema de incorporación, de un nuevo estatuto, de una escala de remuneración y de escalafón y, por supuesto, de un cambio fundamental en el sistema prestacional. Me refiero a los nuevos maestros del conocido Decreto 1278, diferente al antiguo régimen de carrera docente contemplado en el Decreto Ley 2277. La exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria argumentaba básicamente que era necesario asumir las responsabilidades públicas de la calidad de la educación mediante la intervención de la carrera docente, limitando el acceso a un concurso de méritos, ofreciendo mejores posibilidades salariales y garantizando el ascenso con la evaluación de desempeño.
Transcurridos trece años y cuando el nuevo modelo cuenta con aproximadamente 120.000 nuevos maestros, es saludable hablar de una tensión que se vive en la escuela y que pasa meridianamente por las condiciones que viven unos y otros en relación directa con sus desempeños en la práctica pedagógica. El pasado paro nacional del magisterio colombiano, convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación -Fecode-, dejó manifiestas las diferencias gremiales entre unos y otros; razón por la cual considero necesaria y conveniente para la educación del país, la unificación de la carrera docente en un mismo estatuto, dado que en ninguno de los dos modelos se materializa la voluntad política del Gobierno de profesionalizar la carrera y dignificar la profesión docente. En efecto, ninguno de los dos reconoce al maestro como un digno precursor de la calidad de los aprendizajes de los escolares: el antiguo porque ha caducado y no responde a las exigencias modernas de la escuela, y el nuevo porque desconoce la pedagogía como disciplina fundante de la educación y del ejercicio docente.
No creo que esta tensión sea el resultado de un análisis comparativo entre las bondades de las condiciones de unos y otros; por el contrario, considero que se asumen como semejantes las concepciones de dos modelos de escuela diferentes: por un lado, una escuela en blanco y negro que no garantiza aprendizajes, que educa al niño y al joven de hoy con los modelos prusianos con los cuales se han formado muchas generaciones y que, por lo tanto, no responden a las expectativas, necesidades e intereses de los escolares de hoy, y de otra parte, la concepción moderna de una escuela policromática que garantiza más y mejores aprendizajes, que reconoce al estudiante como actor protagónico del aprendizaje y utiliza modelos y didácticas acordes con las necesidades y expectativas de sus escolares. En cada espacio escolar se dan cita hoy por hoy estas dos tendencias, y tanto en la una como en la otra hay profesores de ambos estatutos; quiero decir, es normal ver profesores del nuevo estatuto replicando prácticas de una escuela lúgubre y desvencijada, así como es normal presenciar docentes del antiguo régimen en un afán permanente de renovar y oxigenar sus prácticas con las tendencias pedagógicas y didácticas de una escuela innovadora y multicolor.
Invito entonces al Gobierno Nacional y al Congreso de Colombia a reconocer la imperiosa necesidad de implementar el estatuto único de la profesión docente, que responda ciertamente a la profesionalización y a la dignificación de las condiciones de desempeño de sus maestros, así como a la urgencia de recuperar la formación pedagógica como requisito esencial habilitante en la práctica pedagógica; de igual modo, convoco a todos los maestros para que asumamos el compromiso de renovar prácticas pedagógicas, flexibilizar didácticas, hacer de la clase un centro de interés que cautive y provoque la activa participación de nuestros alumnos y que esté mediada por relaciones armónicas, cordiales, amigables y afectivas, resultado del efectivo ejercicio de la autoridad y no de ventajas incondicionales del poder.