Al iniciar este nuevo año lectivo, quiero expresar mi mensaje de aliento a todos los moradores de la escuela. Padres de familia, docentes, estudiantes y directivos seremos testigos del acontecer cotidiano en esta gran fábrica de sueños, en este laboratorio de esperanzas, en este pedazo de patria llamado escuela.

En varias ocasiones he mostrado en esta tribuna la paradoja existente entre la realidad de la escuela pública y los diseños de las políticas educativas en Colombia. También he afirmado e ilustrado cómo las políticas que en materia educativa se definen desde el alto gobierno (incluido el honorable Congreso de la República) no responden ciertamente a las necesidades, requerimientos y urgencias de la vida escolar. Pues bien, empezamos el 2017 en contravía. El presidente de la República República acaba de sancionar la Ley 1821, que aprobó el Congreso en las últimas sesiones de diciembre del año pasado. Esta norma amplía la edad de retiro forzoso de los empleados oficiales de 65 a 70 años, afecta igualmente a los docentes y configura una nueva realidad que se convierte en una prueba más de lo que he venido afirmando desde hace varios años: las disposiciones legales en materia educativa no se corresponden con los requerimientos de las dinámicas escolares.

Absolutamente nadie en este país estaba proponiendo que los maestros pudieran trabajar hasta los 70 años y, por el contrario, a la inmensa mayoría de los colombianos, incluidos los maestros, nos parece que llegar a los 65 años en ejercicio de las funciones pedagógicas resulta en la inmensa mayoría de los casos una experiencia desafortunada, es un despropósito.

Esta decisión legal no solo no responde a ninguna de las sentidas necesidades que tiene la educación en Colombia, sino que le hace daño y la perjudica, porque la docencia es una labor de inmenso desgaste, exige de la plenitud de condiciones psíquicas, físicas y mentales. Por más que en nuestro país aumente la expectativa de vida, es innegable que la vitalidad funcional después de los 60 años se ve seriamente afectada, y no es conveniente que los niños estén orientados pedagógicamente por maestros que, producto de su ciclo vital, están incursos ya en el bello ocaso de su vida. El país debe proveer a las escuelas de Colombia un personal docente vital, con el vigor y la energía que demandan la juventud y la niñez de hoy; además, debe propender para que todos aquellos que le han entregado la producción de sus mejores años a la nación, gocen de épocas tranquilas que les permita recrear su obra en el video de su memoria y acompañar con su experiencia y sabiduría a los nuevos herederos de la patria.

Sorprende, por no decir menos, esta decisión que afecta negativamente los intereses de la escuela y no se entiende cómo una nación que tiene unaapuesta por ser la más educada de América Latina en el 2025 no jalona procesos de dignificación docente, dado que en todas las latitudes del mundo está demostrado que la calidad de la educación pasa meridianamente por la calidad de sus maestros. Es preferible tener maestros bien remunerados, atendidos eficazmente en materia de seguridad social, con un paquete de estímulos que reconozcan la nobleza de su labor, que someterlos así sea voluntariamente a la mortificación laboral a tan avanzada edad. Es tal el despropósito de esta medida que la propia Federación Colombiana de Educadores (Fecode) no solo no la ha exigido, sino que ahora mismo adelanta una reflexión interna sobre su conveniencia.

No quiero terminar esta reflexión sin hacer un reconocimiento a algunos maestros que a pesar de estar por encima de los 60 años, aún vibran con lo que hacen, se gozan el día a día de su trabajo y atienden con idoneidad, vitalidad y lucidez los requerimientos de sus estudiantes, a quienes les entregan toda su energía y dedicación. Son la excepción, por supuesto, pero aun ellos merecen disfrutar de otros tiempos, de otras contemplaciones y de otros afanes en la adultez de su vida.