Cristóbal Trujillo Ramírez


Si bien es cierto que las instalaciones de las instituciones educativas no requieren de condiciones excepcionales en materia de diseño y arquitectura, no es menos cierto que en Manizales y Caldas existe en materia de infraestructura educativa un atraso considerable, mucho mayor en el departamento que en la capital, por supuesto. Al decir de unos, este atraso es ocasionado por las limitantes presupuestales recurrentes en todos los gobiernos, pero a mi parecer es causado más por falta de voluntad política que por razones de hacienda pública. Esta situación ha sido una constante en todo el territorio nacional. Desde la desaparición del ICCE (Instituto Colombiano de Construcciones Escolares) el mantenimiento, las adecuaciones locativas y, en general, la infraestructura escolar quedaron a merced de los menguados recursos de los municipios de Colombia y, que no es lo menos grave, a voluntad de las prioridades e intereses de los mandatarios. Por estas razones, lamentablemente debo decirlo, es totalmente normal ingresar a una institución educativa oficial y encontrar tejas averiadas, vidrios rotos, canales podridas, bajantes inservibles, cables en desuso, tuberías tapadas, unidades sanitarias en total deterioro, mallas en ruinas y mejor no hablar de los aspectos relacionados con la presentación estética de los ambientes físicos escolares, que con añoranza evocan la vieja escuelita de doña Inés.
Traigo a colación este desafortunado paisaje porque en la actualidad el gobierno nacional adelanta un agresivo programa de actualización y fortalecimiento de la infraestructura educativa. Es una canasta de recursos nunca antes vista, una bonanza sin precedentes que, con absoluta seguridad, por lo menos quienes hoy vivimos no volveremos a ver. Se trata de proyectos de cofinanciación entre las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) departamentales o municipales y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), en los cuales las ETC aportan el 30% y el MEN el 70%. La cuota de la ETC es de suma importancia, porque si un municipio dispone de $3.000.000 para inversión en infraestructura escolar, el MEN le aportaría $7.000.000, y así podría ejecutar un proyecto por $10.000.000.
Pensaría uno que esta es una gran oportunidad para que saldemos o por los menos abonemos a la deuda social que se tiene desde hace más de 30 años con las escuelas de Manizales y de Caldas. Desafortunadamente todo parece indicar que esta deuda social con la capital y el departamento seguirá vigente, en primer lugar, por la situación presupuestal que viven ambos entes territoriales, y porque de acceder a este programa, las cantidades de las participaciones disponibles son tan pírricas que no alcanzaría ni para renovar baterías sanitarias. A manera de ilustración voy a dar algunas cifras de la participación que han tenido algunas entidades territoriales del país en este programa: Boyacá, $187.000 millones; Cundinamarca, $170.000 millones; Risaralda, $167.500 millones; Huila, $150.462 millones; Amazonas, $133.292 millones; Caquetá, $98.777; Pereira, $83.000 millones.
Lo lamentable es que en el caso del departamento de Caldas el beneficio está por el orden de los 27.000 millones de pesos y para Manizales de solo $3.000 millones, lo cual significaría una inversión de aproximadamente 18 millones de pesos por sede. Ya podrá imaginarse usted, amigo lector, la clase de intervención que en infraestructura se podrá hacer con esta cantidad en una sede educativa. Y con ello, ¿cómo saldar una deuda vigente hace más de tres décadas?
Señor alcalde y señor gobernador, teniendo en cuenta que la educación es la vía hacia el desarrollo, desde esta tribuna y como doliente de la educación pública, pero además como conocedor del compromiso que ustedes ostentan con el desarrollo de los pueblos, los invito a no dejar pasar esta gran oportunidad para la educación de Manizales y de Caldas. Soy conocedor de las condiciones fiscales de estos entes territoriales, pero si no es ahora, ¿cuándo entonces? Las oportunidades son calvas, como dice el proverbio, y seguramente cuando tengamos el 30% para garantizar nuestra participación ya el esfuerzo tendrá que ser del 100%, sencillamente porque la prioridad de la Nación estará enfocada en los programas del postconflicto. Señores gobernantes, siguen ustedes la historia de la educación, no precisamente por haber dejado escapar esta oportunidad, sino más bien por haber pagado deudas pasadas con vigencias futuras; si nos hemos hipotecado para hacer vías, cables, interconexiones, bulevares, túneles y cuanta obra de desarrollo urbanístico, ¿por qué no asumimos la responsabilidad de comprometer vigencias futuras y recursos de endeudamiento para el desarrollo humano?
Ustedes tienen la palabra.
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