En un informe del diario LA PATRIA del 2 de diciembre de 2015, relacionado con los hallazgos de la Contraloría en Inficaldas, se dice que su gerente, Luis Fernando Franco Acevedo, habló en específico de la modificación del contrato 24 de 2011, y en la cual faltaba el registro presupuestal en el momento de la firma. “Me posesioné en febrero del 2014 y me lo trajeron en abril para la firma. El contrato ya había tenido varias ampliaciones y cuando lo recibí tenía el certificado de disponibilidad presupuestal, que es fundamental. Luego, la Contraloría dice que en el momento de la firma no tenía la reserva presupuestal, aunque se anexó un mes después. Es una falla administrativa, pero no es dolosa ni de mala fe para hacer semejante escándalo. No se perdió ni un peso”. 
El artículo 410 del Código Penal Colombiano reza: “Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) años”. 
Esta es la vida girando. Esta es la ley de la compensación que no se queda con nada. Esta es la demostración del peligro que significa para el ser humano ser prepotente y soberbio cuando se siente infalible e intocable. Y este es el claro ejemplo de que quien juzga con premeditación y alevosía para perjudicar a sus enemigos, tarde o temprano se verá expuesto a responder ante la vida con igual o mayor drasticidad. 
Cuando Franco Acevedo pasó por la gerencia de la Corporación Cívica de Caldas se ensañó injusta y selectivamente contra sus enemigos personales, y los de sus patrones, quienes ordenaban persecuciones jurídicas así tuvieran que cercenar, acomodar, distorsionar o fabricar las verdades para encartarlos. Y en este propósito acabó con la honra de seres buenos; con la tranquilidad, la paz y el prestigio de familias enteras; con el sosiego de niños que sufrían conjuntamente las persecuciones de sus padres; y con prósperas empresas que se vieron limitadas en su credibilidad. 
Los escándalos eran mayúsculos; las presentaciones mediáticas ocupaban páginas enteras de diarios y revistas locales y nacionales; horas y horas de grabaciones en programas radiales y televisivos a donde acudían para desprestigiar a sus acusados, reposan aún en los anaqueles de emisoras y canales; miles de folios de expedientes judiciales deben reposar también en los archivos de fiscalías, juzgados y tribunales. ¿Y de qué se trataba? ¿Cuáles eran las actuaciones tan graves como para acabar de tajo con las personas y sus entornos? ¡Nada distinto de lo que hoy es acusado el Torquemada Franco! Con una pequeñísima diferencia: la gran mayoría de aquellas se han fallado a favor de los procesados o se han archivado por falta de pruebas. Las de éste apenas comienzan y están profusamente sustentadas. 
Ya el turno es para él. Y seguramente mañana lo será para aquellas otras personas que actuaron injustamente aprovechándose de un poder espurio conseguido a través de métodos extorsivos, innobles, perversos y abusivos. Y aunque la cárcel no se le desea a nadie, siempre es bueno que quienes no tuvieron consideración alguna en el pasado para acomodar la verdad en busca de sus intereses mezquinos, hoy se vean en el riesgo de pagar con penas regladas en nuestra legislación y de acabar recluidos en las celdas que prepararon para sus perseguidos. 
¿Cómo se podrá defender si cuando fungió de perseguidor, la conducta por la que se le acusa era para él imperdonable? En aquel entonces tampoco se perdió ni un peso; pero todavía existen seres humanos y familias enteras pagando sus persecuciones amañadas. Solo esperamos que hoy la justicia sí opere, así el Torquemada Franco cuente con la ayuda y los procederes rastreros para manipular fiscales y jueces en los que son expertos sus nominadores y jefes “cívicos”.