Jorge Enrique Pava


Los perjuicios por el paro camionero que está por completar cuarenta días son incuantificables. Se están paralizando la construcción, la industria y el comercio; la provisión de víveres se está viendo menguada y ya se está sintiendo la incidencia en los precios de los productos de la canasta familiar. Es decir, de continuar así, en muy poco tiempo llegaremos a un desabastecimiento similar al que padece Venezuela desde hace años, con la inmensa diferencia de que aquí, en Colombia, abundan los bienes pero no se pueden movilizar; y ya se está viendo cómo se pierden los productos cárnicos; la leche hay que tirarla a las alcantarillas; los animales mueren de hambre y sed en los camiones de distribución; las frutas y verduras se pudren con el paso de los días; las empresas disminuyen su producción por falta de materias primas; y hasta los licores se ven perjudicados por dificultades en la entrega. ¡Qué desgracia!
Pero, ¿a quién o quiénes se les podría atribuir la culpa de esta situación? Aparte de existir una cantidad de factores económicos acumulados en el tiempo, las mentiras recurrentes del gobierno Santos han llevado a un grado de desesperación a los colombianos y a la total pérdida de credibilidad en las soluciones que plantea. Hace unos años, cuando el país se consumía en una crisis social ocasionada por un paro agrario de magnitudes colosales, el presidente Santos salía a los medios de comunicación a decir que ese tal paro no existía. Y, la verdad, para él no existió, y por eso las soluciones fueron paños de agua tibia que dejaron una bomba de tiempo que aún está por explotar. Igual pasó con los cafeteros, a quienes se les incumple con asiduidad, y que parece que aprendieron a sobrevivir de promesas y quimeras.
Pero los camioneros no aguantaron más. En ocasiones anteriores plantearon alternativas de solución a las cuales se les respondió con paliativos que hacían prever una crisis interna que en algún momento estallaría. Hoy aduce el Gobierno Nacional la presencia de supuestas mafias de transportadores dueños de gran parte del parque automotor; mafias en la chatarrización y renovación de vehículos; concentración de poder en el sector camionero; y otras tantas situaciones puntuales que hacen difícil consensuar una salida a este paro. Y entonces nos preguntamos: ¿esas supuestas mafias solo se detectaron en los últimos días? ¿Solo a raíz del paro camionero quedaron en evidencia los problemas con los costos de los fletes, de los peajes, del combustible, etc.? ¿No tenía conocimiento el Gobierno Nacional de estas difíciles situaciones?
Pero lo peor está por llegar: porque lo que hoy vivimos por conducto del paro camionero, es solo una de tantas revueltas sociales que se desprenderán de las injusticias que se empiezan a cometer vía farsa de La Habana. Por eso no es descabellado que ante los anuncios de medidas de hecho y represión anunciadas por el presidente Santos como respuesta a los camioneros, la sociedad empiece a comparar la rigurosidad con este sector, frente a la benevolencia, impunidad, pusilanimidad y temor con que se trata a los criminales de las Farc. Y no será descabellado tampoco que otros sectores de la sociedad empiecen a exigir y reclamar, al ver que se les están otorgando desmedidas prebendas a los victimarios, cuando a los colombianos de bien se nos cercenan todos los derechos.
Repito: la credibilidad del Gobierno Santos está minada totalmente. Y el recelo que muestran hoy los camioneros está más que justificado porque la palabra que empeña el Gobierno no es honrada en la mayoría de las veces (salvo si se trata de la que empeña ante las Farc). Por último, es triste admitirlo, pero cada vez que el presidente Santos reclama a los manifestantes por los actos de violencia y las vías de hecho, es imposible no pensar en que fue él, mediante la legitimización del terrorismo y la complicidad con los violentos, quien determinó que en este país lo único que se premia, se valora, se reconoce y se compensa es la violencia y el terrorismo; y por ello es quien menos autoridad tiene para exigir el cumplimiento de la ley y los reclamos cordiales para lograr el respeto.
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