Desde 2011, Fedegán fue objeto de un atropello gubernamental sin antecedentes, montado sobre mentiras y medias verdades instrumentadas desde el Ministerio de Agricultura y la Contraloría, y lo peor, con pleno conocimiento del presidente de la República.
Su momento culminante fue el “raponazo” del 29 de diciembre de 2015, a través de una norma espuria y a la medida -Decreto 2537-, mediante la cual el Gobierno le quitó a Fedegán la administración del Fondo Nacional del Ganado (FNG), para luego, en su afán de persecución a nuestra Federación, propiciar irresponsable e ilegalmente su liquidación con la complicidad de la Superintendencia de Sociedades.
¿Qué tenemos a un año del raponazo? Irregularidades. La primera: quitarle a Fedegán la administración del FNG, que no se podía legalmente mientras esté vigente la Ley 89 de 1993, salvo que se probaran malos manejos que justificaran la liquidación del contrato de administración. Nunca se probaron porque no existieron y las investigaciones fueron archivadas hasta por la Contraloría. Segunda: liquidar un Fondo que no se podía liquidar mientras esté vigente la misma Ley 89, que creó la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero y al FNG para recaudarla y administrarla. Tercera: muy colombiana; pretender que los cambios de nombre cambian realidades. Mientras tengan vigencia legal la Cuota de Fomento y el objetivo de recaudarla y administrarla, tendrá vigencia el Fondo creado por la Ley para ello. La llamada “Cuenta Nacional de Carne y Leche” es un invento sin soporte legal.
A un año del raponazo tenemos improvisación y más violaciones de la Ley. Cerca de veinte mil niños y ancianos dejaron de recibir una ración diaria de carne y leche, con lo cual se está violando la Ley 89, que obliga a destinar el 10% de los recursos a fomentar el consumo de carne y leche entre los más pobres.
Los programas del Fondo de Estabilización de Precios (FEP), como la Compensación a Exportaciones y el Observatorio de Mercados Internacionales, están en riesgo porque los administradores de la nueva cuenta, bajo instrucciones del Ministerio, y solo porque dicho Fondo es administrado por Fedegán, se niegan a transferir el 17% del recaudo a que obliga la Ley 395 de 1997. ¿Acaso el Ministerio y Fiduagraria están por encima de la Ley?
Desaparecieron 30 Centros de Servicios Tecnológicos, y con ellos los programas de capacitación y asistencia técnica, como las Brigadas Tecnológicas, Escuelas de Mayordomía, Giras Técnicas Ganaderas, Cursos de capacitación, Núcleos de extensión a pequeños ganaderos, Círculos de Excelencia y promoción de Buenas Prácticas Ganaderas, entre otros.
Se abandonaron sistemas estadísticos de gran valor para la planeación sectorial; se abandonó el cobro de cartera a recaudadores morosos. Se abandonaron los procedimientos de control presupuestal establecidos por el propio Ministerio y todas las obligaciones de información pública derivadas de la Ley de Transparencia. ¿Quién los ronda entonces?
El Gobierno alardea con el programa de vacunación, su único resultado, gracias a la inercia de unos procedimientos de operación y registro de información que gozaban de certificación de calidad ISO, hoy también perdida, lo que me hace dudar de los resultados divulgados.
Alardea también con la disminución en el costo de nómina, que frente a la nula prestación de servicios resulta más alto que el de la administrada por Fedegán, tan rabiosamente atacada por el ministro. En las empresas de servicios el principal rubro de inversión, que no gasto, es la gente. Y claro, si no se prestan servicios no se necesita gente.
¿En qué se están gastando la plata? Y la Contraloría, tan acuciosa contra Fedegán, ¿dónde está?