No me refiero a la milenaria peregrinación española para visitar los restos del apóstol, sino a Enrique Santiago, abogado español, no tan vistoso como Baltazar, pero quizás por ello más efectivo. Miembro del partido comunista, reconocido penalista y defensor de los derechos humanos, pero a su estilo, es decir, defensor de subversivos en todo el continente, excluyendo los derechos de los humanos víctimas de esos mismos subversivos.
En su condición de asesor jurídico de las Farc, este otro Santiago, desde la trastienda y sin alharacas, trazó el camino para convertir lo que era considerado, aún para el Gobierno, como una exigencia desmesurada de las Farc, en una jurisdicción a su medida, no solo para garantizar impunidad, sino para consolidar su estrategia de socializar la culpa y meter a todo el país en el saco de una justicia omnipotente, omnipresente y atemporal.
Primero fue crear una sin salida: rechazo total al Marco Jurídico para la Paz, que el Gobierno consideraba un trofeo. Lo segundo fue, con la presión del tiempo, que atormenta a Santos y hace reír a Timochenko, gestionar la creación de una “comisión especial” en la que, siguiendo los caminos de Santiago, las Farc empujaron al Gobierno al otro lado de sus líneas rojas.
El Marco Jurídico para la Paz se fue al cesto de la basura con el referendo, la extradición y otras claudicaciones. Se impuso la línea fariana de una justicia “restaurativa y prospectiva” -léase impunidad- y la justicia transicional, concebida exclusivamente para su reinserción, se convirtió en una superinstancia que fracturó el sistema judicial y la Fiscalía –y todavía dicen que no se negociaron las instituciones–, amenazando convertirse en martillo vengador para miles de ciudadanos enredados en la violencia rural durante décadas.
Los productores agropecuarios, y los ganaderos sobre todo, deben estar atentos. Quiero creerle a De la Calle cuando da parte de tranquilidad a los llamados “terceros” de la JEP; pero la dolorosa experiencia de los ganaderos me lleva a creerle más a las Farc, que hace medio siglo los declaró objetivo militar por la única razón de ser propietarios de tierra, según ellos robada en su totalidad, para luego estigmatizarlos como paramilitares, una generalización que le ha costado miles de vidas al sector.
Lo acaba de reiterar el mismo Santiago, y no en cualquier pasquín, sino en el El País de Madrid, uno de los diarios más leídos del mundo, donde aseguró que “diversos ejércitos privados de extrema derecha en manos de latifundistas y ganaderos, con obvia permisividad del Estado, han exterminado a la oposición democrática y despojado 8 millones de hectáreas, provocando 7 millones de desplazados…”.
Ese es el tono del arquitecto de la Jurisdicción Especial para la Paz, y con ese mismo tono sigue marcando camino, ahora para crear una narrativa en contra de los ganaderos y tenedores legítimos de tierra, que no solo permeará a una jurisdicción sesgada desde su nacimiento, sino también a la jurisdicción agraria que definirá expropiaciones y redistribuciones. 
Y para completar, en el Comunicado No. 76, Gobierno y Farc anuncian acuerdos para luchar “contra las organizaciones criminales (…) que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y (…) amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.” En otras palabras, para perseguir a esos “ejércitos privados” que la mala fe de Santiago pone “en manos de latifundistas y ganaderos”. Ese es el tono de los Acuerdos de Paz. La ganadería está advertida. 
Nota bene. Comprobado. La campaña de Óscar Iván Zuluaga infiltrada para asegurar las elecciones. El país tiene derecho a conocer la verdad.