Nunca hemos querido hablar con quienes declararon objetivo militar al gremio ganadero desde hace más de medio siglo, y con esa patente de corso han extorsionado, secuestrado y asesinado a miles de ganaderos en todo el país. Y lo afirmo en presente continuo porque no es cosa del pasado; lo siguen haciendo. Ayer mismo circuló un panfleto que renueva la declaratoria de objetivo militar para el presidente de Fedegán, con los estigmas de siempre, pero haciendo eco, además, a las espurias acusaciones del Gobierno que estuvieron detrás del despojo unilateral y arbitrario del Fondo Nacional del Ganado. ¡Tremenda responsabilidad! Debo advertir que a José Raimundo Sojo lo asesinaron en 1995, y a Jorge Visbal le hicieron varios intentos, incluido el lanzamiento de un rocket a la sede de Fedegán en el 2003.
En el 2012, fieles a nuestro apego Estado de Derecho, reiteramos que nuestro conducto legítimo era el Gobierno y, en consecuencia, no asistimos al Foro Agropecuario exigido por La Habana, pues no consideramos legítimo que el futuro del campo se negociara con quienes lo avasallaron durante décadas, y menos legítimo que, bajo la extorsión de continuar con la violencia -que no de un verdadero anhelo de paz-, se negociara con los representantes de 5.000 o 6.000 narcoterroristas un nuevo orden para 47 millones de colombianos.
Hoy está sucediendo. Con las Farc erigidas en alta parte negociadora, no solo se decidió el desarrollo rural, la política antidrogas y el régimen electoral para acomodarse a sus exigencias, sino la política judicial, comenzando con el narcotráfico, un delito mafioso convertido en conexo con el delito político, y la justicia transicional, un mecanismo para facilitar la reinserción con penas benévolas pero efectivas, transformada en expediente de impunidad para atender la imposición fariana de ‘ni un día de cárcel’.
Allá se está resolviendo el nuevo orden. Núñez y Caro fueron la dupla constituyente que estuvo detrás de la Carta de 1886. Hoy, 130 años después, De la Calle y Márquez están al frente de la pequeña constituyente de La Habana. El referendo se cayó porque no tuvo su beneplácito. Allá se decidirá, finalmente, si es plebiscito o Asamblea la opción refrendadora, y también la Comisión Especial Legislativa y las facultades extraordinarias deberán surtir la consulta previa con ese poder constituyente a la sombra. ¡Qué digo!, a plena luz del día, mientras el Congreso, la Justicia y las instituciones desplazadas observan desde la barrera.
Por ello, si es allí donde se resuelven los grandes temas nacionales, que no en el Congreso de la República; si es allí donde, en pleno siglo XXI, el sofisma de la tierra como factor de riqueza y de pobreza ilumina las decisiones públicas sobre el sector agropecuario, pues es allí donde hay que ir a confrontar ideas y defender intereses.
Si para defender esos intereses de los ganaderos debo ir a La Habana, pues iré mañana mismo si es necesario. Si debo plantear ante la mesa de negociaciones la posición del gremio frente a lo acordado en Desarrollo Rural Integral y, sobre todo, frente a salvedades pendientes, como los 20 millones de hectáreas para el Fondo gratuito de tierras, los 9 millones de hectáreas en Zonas de Reserva Campesina y las definiciones sobre la producción empresarial, pues lo haré dentro de un marco que garantice el respeto por la opinión ajena, sin estigmas condenatorios y excluyentes.
Nota Bene. Las autoridades deberán establecer la autenticidad de la amenaza, pero en el entretanto, si es necesario, iría a La Habana a enfrentar cara a cara a quien, presuntamente, ha dado la orden de asesinarme.