Los más recientes escándalos de la vida nacional sirven para mostrarnos, una y otra vez, todo el desajuste que existe en el Estado y sus instituciones. El caso de la Policía Nacional ha sido el más evidente y grotesco, pues el mero hecho de la existencia de una red de prostitución al interior de este organismo y de su relación con el Congreso, de donde surgían sus clientes, revela que las cosas no funcionan nada bien. El problema central que enfrentamos es la forma en que se está ejerciendo el poder público en nuestra sociedad, y con seguridad en muchas más, pues los abusos se repiten en otros países y la corrupción está tan extendida como el Zika.

Lo de la Policía es tremendamente grave y sórdido, y viene de tiempo atrás. En el 2006 fueron asesinados los cadetes Lina Maritza Zapata y Julián Andrés Lucumí, pues la primera conoció con estupor la existencia de la red de prostitución en la Policía, por lo cual la mataron, y el segundo supo que la cadete no se había suicidado y que había sido asesinada, lo que también le costó la vida. Dicha red criminal involucró a oficiales de alto rango. Este caso viene de la mano de otros que de tanto saber de ellos empiezan a importar menos: enriquecimiento ilícito y manejo tiránico de muchas oficinas públicas por parte de sus jefes.

Las constantes son el abuso del poder, el despotismo y una codicia sin límites. Y pareciera que estos males son de nunca acabar. Cada que emerge un escándalo vienen las denuncias, la indignación, los debates y finalmente unas reformas puntuales. ¿Cuántas reformas se han dado en la Policía en los últimos 20 años? Pero no se observa una mejora sustancial, y lo peor es que la corrupción está en todos los niveles, desde el policía de tránsito hasta el más encumbrado general. Es una herencia de corrupción que viene desde los tiempos en que Pablo Escobar era el rey. Los jóvenes oficiales de ese entonces hoy son los comandantes, y algunos siguieron con las viejas prácticas.

Por otro lado está el escándalo por los presuntos sobrecostos en la construcción de la refinería de Cartagena - Reficar. La Contraloría General de la Nación los ha establecido en cuatro mil millones de dólares, lo que equivale a dos veces el precio de venta de Isagen. En otras palabras, por el sombrero del mago parece haberse perdido una suma astronómica. Y así como en la Policía, el mal es general, pues son miles y miles de contratos que se ejecutan a diario en el país que tienen sobrecostos ficticios, marrullas, sobornos de por medio y delitos de toda índole. Hace poco conversaba con un contratista del Estado, quien se refirió a un gobernador como alguien ‘recto’ porque respetaba los pactos de campaña, los que sin duda involucran dinero de por medio.

Todo esto de la mano de un proceso de paz que está en su recta final, que implica muchos esfuerzos del Estado y la sociedad, y que con seguridad saldrá adelante. El reciente evento de Conejo en La Guajira, en el cual comandantes de las Farc hicieron política con la comunidad en presencia de guerrilleros armados fue muy desafortunado, pero no afectará el curso de los diálogos en La Habana y, por el contrario, como ha sucedido antes, tendrá el efecto de acelerar las negociaciones, como contraprestación a este grave error.

Somos una sociedad que se mueve en el filo de la navaja, en la cuerda floja. Se ha construido mucho, pero los riesgos están ahí, día a día, y muchas veces son pavorosos.