En Colombia, cerca del 90% de las empresas son micro, el 7% pequeñas y 1% medianas. Estas generan el 67% del empleo formal y aportan el 28% del Producto Interno Bruto. La gerente de una pyme suele ser a su vez la jefe de compras, la líder de cartera, la financiera, la encargada de todos los temas de personal, la responsable de la planeación estratégica, la logística, el servicio al cliente y la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Al parecer, con las mejores intenciones pero con total desconocimiento de esta realidad, desde algunas entidades del Estado: ministerios, superintendencia e institutos, se esfuerzan por llenar a las empresas de requisitos que buscan, en teoría, garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, el derecho al habeas data de clientes y proveedores, la inocuidad o trazabilidad de productos y servicios prestados, entre muchos otros. Desde sus escritorios en sus oficinas en Bogotá, los técnicos de estas entidades diseñan decretos y resoluciones pensado en las estructuras y capacidades de las grandes empresas, aquellas con las que estudiaron casos empresariales en la universidad. Es común que estos funcionarios públicos equiparen las necesidades, habilidades y responsabilidades de estas compañías con aquellas que solo tienen de 1 a 10 trabajadores, pocos clientes y un mercado local. 
Lo grave de estas normas no son sus objetivos, loables sin lugar a dudas, sino la descontextualización de la realidad empresarial del país. En este sentido, están llenas de requisitos complejos y de trámites engorrosos. Por ejemplo, el 31 de enero de 2017, todos los empleadores del país, independientemente de si tienen a su cargo 1 o 2.000 trabajadores, deben tener implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los requisitos incluyen: mantener actualizada una matriz sobre normatividad aplicable, conservar por 20 años, después del retiro de cada trabajador, la documentación del sistema, contar con un perfil epidemiológico de cada uno de los empleados, llevar evidencias de las actividades realizadas con actas, registros de asistencia, evaluaciones de compresión, fotos, conocimientos informado, entre otros. Para dar cumplimiento a la norma, el empresario debe contratar: un médico especialista en salud ocupacional y una psicóloga. Adicionalmente, debe contar con una persona idónea que realice un curso de 50 horas en el Sena sobre el tema, quien será el encargado de la implementación del sistema.
Vale la pena resaltar que los pequeños y medianos empresarios no pretenden que se les absuelva del cumplimiento de la ley. Lo que necesitan es que se diseñen normas que tengan en cuenta el tamaño, el sector y las capacidades de la empresa, que permitan cumplir los requisitos legales y los objetivos que estos persiguen sin tener que sacrificar un buen número de recursos que podrían emplearse en el fortalecimiento, el mejoramiento, el crecimiento y la eficiencia del negocio. 
Por un lado, el Estado intenta ser tomado en serio por el grupo de países que conforman la OCDE, de implementar programas para formalizar a los pequeños empresarios, de buscar que el sector empresarial sea cada vez más competitivo y eficiente. Por el otro, los técnicos de los ministerios, superintendencias y otras entidades del Estado vierten todo su conocimiento burocrático en decretos y resoluciones que en lugar de garantizar los derechos de los consumidores, la seguridad de los trabajadores y la calidad de los productos, hacen que los pequeños y medianos empresarios mermen su capacidad de ser más eficientes y competitivos.