La decisión de interrumpir un embarazo es una de las situaciones más duras y difíciles por la que tiene que pasar una mujer. Que esté prohibido, en algunos casos, por la ley o por algunas religiones no previene de que las mujeres recurran a los abortos. Tampoco lo impide el hecho de que la embarazada sea una activista pro-vida. Adicionalmente, que esté permitido no hace que aumenten los casos de interrupción del embarazo. No existe un vínculo entre la legislación a favor y el aumento en el número de abortos, lo que cambia es la seguridad a la hora de realizar el procedimiento. Las mujeres llevan siglos interrumpiendo los embarazos, el aborto no es hecho nuevo, sin embargo, según la OMS el crecimiento en el acceso y la disponibilidad de los métodos anticonceptivos ha hecho que el número de casos disminuyan. 
Se estima que en Colombia se presentan entre 300 mil y 400 mil abortos ilegales al año, mientras Profamilia realizó, en el último año 7 mil interrupciones voluntarias del embarazo. El 60% de los embarazos en Colombia son indeseados. Los abortos ilegales son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna. 
A pesar de estas cifras, el país cuenta con los desarrollos jurisprudenciales y normativos para que las mujeres puedan realizar la interrupción voluntaria del embarazo en las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y que estas sean autorizadas para realizar los procedimientos, sin mayores requisitos administrativos, por las entidades promotoras de salud (EPS), independientemente de si la mujer pertenece al régimen contributivo o subsidiado. La Corte Constitucional, en reiteradas sentencias, ha manifestado que es únicamente la mujer “quien tiene la facultad de decidir continuar o interrumpir el embarazo, cuando este represente riesgo para su vida o salud.” (Sentencia T-009 de 2009) Es decir, no es una decisión que recaiga sobre el personal médico. 
Queda pues en evidencia que hace falta mayor difusión y conocimiento de los alcances de la jurisprudencia y la normatividad respecto de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Son muchas las mujeres que no conocen que el ordenamiento jurídico colombiano les permite terminar con un embarazo no deseado y que pueden recurrir al sistema de salud para llevar a cabo el procedimiento de forma segura. Por su parte, los operadores de salud tampoco parecen tener claro cuáles son sus obligaciones y responsabilidades al respecto. La circular No. 3 del año 2013 de la Superintendencia de Salud es una guía específica y clara sobre la forma como tienen que actuar los funcionarios administrativos y médicos en los casos en los cuales una mujer decida interrumpir voluntariamente su embarazo. Se han hecho denuncias sobre la intención de la Procuraduría de desinformar sobre los alcances de la normatividad vigente. 
Ayer el fiscal general de la Nación, anunciaba que presentará, la próxima semana, un proyecto de ley para despenalizar totalmente el aborto, en todas las circunstancias, durante las primeras 12 semanas de la gestación. Paradójicamente, este mismo Fiscal, hace apenas 2 meses, intentó iniciar una investigación mediática contra una mujer que había realizado una interrupción voluntaria del embarazo. Es claro que la intención del fiscal es generar debate o una cortina de humo para tapar alguno de sus escándalos, porque es bien conocido que el Congreso no le camina a estos procesos de garantizar las libertades fundamentales de los ciudadanos, cuando esto implica enfrentarse a poderosos grupos religiosos o de activistas políticos conservadores. Pero, adicionalmente, las reglas jurídicas vigentes son más garantistas de lo que, hasta hoy, ha planteado el fiscal. Una interpretación amplia de la causal de afectación de la salud de la madre, permitiría realizar una interrupción voluntaria del embarazo, aún si se excede el periodo de las 12 semanas. 
A pesar de estos avances, las mujeres siguen ocultándose, acudiendo a sitios clandestinos de abortos, poniendo en riesgo su vida para hacer ejercicio de un derecho fundamental: el derecho a decidir sobre su vida, sobre su salud sexual y reproductiva y sobre su capacidad de tener y criar a un hijo que, definitivamente, no es una empresa fácil. Por su parte, los hombres que no han salido corriendo y han acompañado a las mujeres en este proceso, también prefieren echarle tierra a esta realidad.