La semana pasada el Ministro de Agricultura manifestó su inconformidad por el recorte del presupuesto de esta cartera para el año 2016. Según el viceministro de Desarrollo Rural Juan Pablo Díaz Granados, la disminución sería del 42,4%, la dependencia gubernamental con el mayor recorte, $1,9 billones, pasando de $3,3 billones en el 2015 a $1,4 billones para el próximo año.

Pensar en el postconflicto significa mirar al campo, seguir estudiando la guerra y la paz desde un escritorio en Bogotá puede ser académicamente enriquecedor pero poco provechoso para conseguir un país pacífico y justo. El conflicto armado colombiano es agrario porque sus causas son reivindicaciones campesinas, porque su escenario es rural y porque hoy su financiación y motor son la producción y tráfico de sustancias provenientes de cultivos ilícitos. Esto implica que la obtención agropecuaria de alimentos compite por la tierra, la mano de obra y los recursos naturales con aquellos que tienen un mayor margen porque se transan en mercados prohibidos por la ley. Lo que a su vez, genera un factor de violencia en su elaboración y comercialización.

El campo tiene hoy una población de 14.470.651 personas, de las cuales el 41% es pobre, lo que implica que la pobreza rural es 1,7 veces mayor que la urbana y 18% es indigente, 3,2 veces más que en las ciudades. Se estima que el 90% del empleo rural es informal, que el analfabetismo supera el 15%, que el 11% los campesinos no tiene vivienda, el 85% carece de alcantarillado y el 60% no recibe agua potable. Si no se atiende esta situación de abandono y olvido, los campesinos seguirán migrando a las ciudades a aumentar los cinturones de pobreza y miseria.

Según el primer informe de la Misión Rural dirigido por José Antonio Ocampo "la inversión social adicional requerida para cerrar la brecha de bienes de interés social en las zonas rurales, suman en educación, vivienda, agua, saneamiento básico, primera infancia, adulto mayor, $2,9 billones anuales adicionales en promedio durante 2016-2020, frente a la base 2014, que aumentan a $6,1 billones anuales hasta 2053 (todas las cifras en pesos constantes del 2014). Esto representa una inversión promedio anual equivalente al 0,6 por ciento del PIB 2014, durante los próximos 20 años".

Las inversiones en el campo llevan muchos años de atraso, estas no se han ejecutado, en su gran mayoría, por el conflicto. Si el sector rural colombiano tuviera más recursos para infraestructura, ciencia, tecnología e innovación sería mucho más competitivo y eficiente. Así como las obras viales se han visto especialmente frenadas por culpa de la guerra, el impulso de los recursos, públicos y privados, destinados al sector agropecuario también sufren de un fuerte rezago.

A pesar de esto, es común oír que no vale la pena financiar al campo, que el sector primario no agrega casi valor y que resulta mejor privilegiar otros renglones de la economía. Estos argumentos se oyen, incluso, hasta de intelectuales extranjeros provenientes de prestigiosas universidades. Sin embargo, en muchos países, sobre todos los más desarrollados, protegen a los sectores rurales porque a ningún Estado le conviene tener que importar toda la leche, los huevos, las carnes, las frutas, los vegetales y los cereales que consumen sus ciudadanos.

También es cierto que el sector puede tener beneficios que no cuestan mucho en términos de inversión. Preocupa que el Ministro de Agricultura tengan tan poco peso político para la repartición del presupuesto, porque muchos de los cambios que necesitan el campo están relacionados con la estructura de los tributos, donde para su modificación, más que argumentos de bienestar general y desarrollo social, lo que se necesita es tener capital político. Otro síntoma de esta debilidad es que el Ministro tenga que salir a dar a la pelea por el presupuesto en los medios de comunicación, que no pueda tratar el tema internamente y que a estas alturas no haya podido convencer al Presidente y a sus colegas ministros que su cartera es definitiva para el éxito del proceso de La Habana.

No se entiende en qué paz están pensando los funcionarios del Gobierno, ni cómo estarán abordando el postconflicto, cuando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es el que sufre los mayores recortes presupuestales, de un gobierno cuya política y mandato principal es ponerle fin a una confrontación armada que es, justamente, rural.