La libertad de reunión y el derecho a manifestarse libremente son prerrogativas que hacen parte de la propia esencia de la democracia; el artículo 37 de nuestra Constitución Política los reconoce en los siguientes términos: "Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho". Ligado a ello están los derechos de asociación, a constituir sindicatos y a realizar huelgas -salvo en los servicios públicos-, conforme lo prevén los artículos 38, 39 y 56 del mismo ordenamiento constitucional.
Podría decirse que la forma más tradicional de manifestaciones públicas eran aquellas que organizaban los partidos políticos que se 'hacían' en las plazas de pueblos y ciudades, las que hoy, por cierto, ya son bastante escasas, quizá por haberse ido perdiendo, o tal vez perdido la confianza de las comunidades en sus dirigentes.
Otras movilizaciones que mostraron poder y también prácticamente desaparecidas, fueron las de estudiantes de las universidades públicas, que llegaron a poner en verdaderos aprietos a gobiernos nacionales o locales como lo cuenta la historia. De esos recuerdos está la protagonizada por alumnos de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá en 1954, frente al Gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla por la muerte de un discípulo de esa Alma Mater; a nivel local la realizada por la Universidad de Caldas en 1976 que impidió la posesión de un ilustre ciudadano designado rector, que también generó un fallecido y dio lugar al cierre por un semestre de ese centro de formación superior.
Organizaciones de trabajadores a través de poderosos sindicatos también pusieron o han puesto en apuros -hoy menos- a las Administraciones, fueran éstas públicas o privadas. Baste con mencionar a la antigua Unión Sindical Obrera (USO) que aglomeraba a los trabajadores de “Ecopetrol”, otrora muestra y referencia del poderío sindical; la igualmente fuerte Federación Colombiana de Educadores (Fecode), organización de los docentes colombianos; la Asociación Nacional de los trabajadores de la Rama Judicial (Asonal Judicial); la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), o la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (Fenaltrase), las que con solo anunciar paros, huelgas o hacer movilizaciones situaban en campo de alerta las estructuras del Estado, las empresas y a la comunidad en general. Todas, con poder de "lucha", utilizaban sus movimientos para reivindicaciones eminentemente laborales.
Aquellas formas de reclamación han cambiado de alguna manera con el transcurrir de nuestra sociedad: La fuerza de los sindicatos prácticamente ha desaparecido, y los que subsisten ya no tienen el mismo poder para exigir; a los estudiantes en la práctica se les impuso la orden de estudian o estudian, y a los trabajadores, trabajan o se van.
Los manifestaciones en 'masa' han venido asumiendo mecanismos de expresión que podrían llamarse "sectoriales" o “gremiales”, cuyas protestas tienen origen, más que en organizaciones al mejor estilo sindical, en las propias realidades que los afectan y viven, independientemente de quiénes sean sus promotores. Pueden servir como ejemplo el ya famoso “paro campesino”, que obligó al gobierno nacional a comprometerse con soluciones para el agro, y más recientemente con el “paro camionero”, desafortunadamente acompañadas de hechos violentos, pero el segundo dejando sensaciones muy negativas. Por el contrario, expresiones multitudinarias por la paz o contra el secuestro han sido no solo espontáneas sino conmovedoras y ejemplares. 
Creemos tener una organización social moderna en la que el Estado privilegia al ser humano y es garante de sus derechos, y que al mismo tiempo le recuerda de las responsabilidades que tiene consigo mismo y con la sociedad, en cuyo rol la justicia y el legislativo juegan papel preponderante. Lo que sí se desconoce es si se trata de una sociedad 'madura' para asumir el rol que le corresponde en la era de la 'postmodernidad'. 
Y cabría preguntarse: ¿Es realmente madura para asumir la lógica que impone por ejemplo la concepción del derecho a la igualdad? Me surge el cuestionamiento a raíz de las recientes manifestaciones sobre la no oficial pero famosa 'cartilla' que, se dijo, iba a difundirse en los colegios y que al parecer proponía un modelo de formación en cuanto a la 'concepción de género'.
Parece paradójico que nuestra sociedad se interese más en ese tipo de protestas -sin desdeñar desde luego el derecho que le asiste- que en la realización de manifestaciones colectivas dirigidas contra la violencia, incluida la de género, o contra la corrupción que sí golpea efectiva y permanentemente todos sus estratos, etc. Son momentos cruciales para una reflexión.
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Por omisión involuntaria, preciso en esta entrega nombrar a los togados Liliana Ojeda Insuasty, Publio Martín Patiño Mejía y Alba Lucía Quintero, quienes junto con la doctora Patricia Varela Cifuentes fueron los primeros jueces administrativos cuyos despachos fueron creados en el 2006.