Si hubiese una manera de medir a los alcaldes colombianos en cuanto hacen por el patrimonio arquitectónico, me imagino que al nuestro no le iría tan bien. Él comentaría aireado que es un hombre moderno que no tiene tiempo para cosas del pasado, que él, igual que Adán, arranca desde cero, que a él le gusta el Rock y le fascina la tecnología, para él la historia es de muy poco peso.

Medio Manizales, con actitud muy parecida a la del alcalde, pasa por la Avenida Santander y ni siquiera se asombra de que un edificio de ese tamaño esté sin operación. Mas, cosa curiosa, la junta directiva de la ciudad, léase Concejo Municipal, desempolvó el viernes pasado el tema y lo trató en sesión especial. Fueron citados varios secretarios y gerentes de despacho para que les explicaran a los concejales los avances.

María Luz Velásquez, arquitecta de la Secretaría de Planeación, con altura y gusto, expuso el estado del proyecto en lo que concierne al diseño y los resultados del PEMP (Plan especial de manejo y protección), plan muy especial que costó 600 millones, dinero que aportó el Ministerio.

A esta exposición los concejales le pedían claridad en cuanto a los plazos establecidos y la financiación de los $11.667 millones, de los cuales 1.300 millones los iba a invertir el Municipio de Manizales el año entrante; la Gobernación de Caldas, amparada en la Ley de Quiebras iba a participar con 4.600 millones y que el resto le correspondían al Ministerio de Cultura.

Acerca de la legalización de esos dineros, alegaban los concejales Valencia y Cortez que en el Concejo no se había aprobado el presupuesto del año entrante, o sea que los 1.300 millones de pesos manizaleños no había certeza; y que de la Gobernación de Caldas tampoco se sabía si estas platas figuraban en el presupuesto departamental y referente a los dineros de Bogotá nadie supo dar razón.

Pero la derrota del gobierno se dio cuando el concejal Juan Sebastián Gómez preguntó si al momento había chatarra en el edificio, a lo cual el funcionario de la Alcaldía le contestó afirmativamente. Se concluyó que el interés del alcalde Rojas era nulo, que en un edificio que un juez de la República había declarado espacio para la cultura el alcalde solo introducía basura.

No entiende Manizales, su gobierno y su gente, que este proyecto es clave porque aquí se está haciendo el primer ejercicio de cómo la ciudad maneja y conserva su patrimonio arquitectónico. Hasta el momento Manizales solo pierde en ese terreno. Lo que se ha salvado lo han hecho universidades que ocupan la antigua estación del Ferrocarril de Caldas o la estación del Cable de Mariquita, del resto del patrimonio la Administración local no ha salvado nada. La Catedral se reparó por iniciativa de la curia y los ministerios en Bogotá. Con la Juan XXIII la ciudad puede y debe aprender a salvar lo que ha heredado y le pertenece a las generaciones vendieras. Es urgente que el Concejo Municipal, y esto ya depende de su voluntad, elabore el reglamento para la Ley 1551 del 2013, que trasladó a esas corporaciones la defensa del patrimonio arquitectónico colombiano.

Me pregunto si la consecución del dinero es tan difícil, por qué los administradores de la ciudad no optan por un proyecto más sencillo, invierten el dinero que dicen tener y restauran el edificio garantizando su permanencia en el tiempo y desisten de grandes obras de infraestructura. En el megaproyecto, técnicamente, se estaría gastando más dinero en el lote de la Juan XXIII que en el viejo caserón de bahareque. ¿Cómo es posible que los diseñadores ante una situación como esta propongan un ascensor externo al edificio que cuesta miles de millones y que además daña la estética austera de la centenaria construcción?

No me canso de insistir que patrimonio es riqueza, riqueza en todos los sentidos y al parecer Manizales, de nuevo, lo va a perder.

P.D.: Me pareció curioso que las ONG relacionadas con el tema, como el Centro de Estudios Históricos de Manizales, la Asociación Cívica Centro Histórico y la Academia Caldense de Historia no estuvieran presentes en esta memorable sesión del Concejo Municipal.